Trabajadores públicos piden que acaben los recortes en empleo público

Valencia

Las movilizaciones se enmarcan en las organizadas a nivel estatal para protestar por las restricciones en las ofertas de empelo público, la nueva congelación salarial y la no reposición de los derechos eliminados

Los trabajadores públicos han protestado este miércoles ante la Delegación del Gobierno en Valencia y las Subdelegaciones en Alicante y Castellón, por seguir padeciendo las medidas restrictivas del gobierno que les han hecho perder, según los sindicatos de la Función Pública, mucho poder adquisitivo.

Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Csi-f, han convocado estas movilizaciones para protestar por tener que soportar la congelación salarial por quinto año consecutivo, la falta de convocatorias de concursos públicos desde hace también cinco años, las pérdidas salariales, así como de derechos laborales. Todo ello, además de los perjuicios causados a los trabajadores, redunda también en la calidad del servicio público al usuario.

Denuncian los sindicatos la falta de talante negociador demostrada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Además, critican la insuficiencia de las tasas de reposición de efectivos, ya que se mantiene en el 0% en el conjunto de las administraciones públicas, a excepción de sanidad, docentes y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que se aumenta sólo hasta el 50%.

Además, denuncian la pérdida de 400.000 empleos públicos desde el comienzo de la crísis y la afectación que ésta supone en la cantidad y calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Consideran los sindicatos que una nueva congelación salarial va a condenar a cerca de tres millones de empleados públicos a otra pérdida más de poder adquisitivo y supone un obstáculo para la salida de la crísis.

Con estas concentraciones, los sindicatos comienzan un proceso de movilizaciones que tiene por objeto exgir que se abra un verdadero proceso de negociación que aborde las necesidades de cobertura de empleo público, la mejora de la calidad de los servicios públicos y la recuperación de salarios, condiciones laborales y derechos recortados.