La fiscalia y los jueces buscan responsables penales por la consulta
La justicia no ha interferido en el desarrollo del 9-N. Mas al contrario ha autorizado la continuidad de las votaciones amparandose en la libertad de expresión porque la retirada de las urnas como solicitaron algunas denuncias era desproporcionada
Artur Mas vota durante la celebración del 9-N. / Manu Fernandez (AP)
Madrid
Pero los jueces no han dicho, en todo caso, la ultima palabra porque la admisión a tramite de las denuncias presupone que se van a investigar si las “autoridades y funcionarios” que han orquestado el proceso han cometido algún delito.
Los jueces van a esperar los informes de los Mossos y de la policía, recabaran la opinion de los fiscales y decidirán si hay indicios de relevancia penal y que tribunal debe investigarlo, ya que recordemos las denuncias se han presentado contra diputados y por tanto tienen fueron parlamentario, lo que obliga a que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien lo estudie. Las denuncias iban dirigidas contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de dos de sus consejeros: Irene Rigau (Educación) y Ramon Espadaler (Interior).
Los jueces de guardia de Barcelona y otras capitales han recibido a lo largo de la jornada unas doce denuncias y, en todos los casos, el instructor ha decidido abrir una investigación que seguirá los trámites de un proceso penal normal durante la próxima semana: recabar informes, la opinión del fiscal y decidir que hacer con la causa.
El recuento denunciado
El juez de guardia de Barcelona también ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por la formación Plataforma X Catalunya contra la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, por comparecer públicamente para informar de los datos de participación del 9N.
La fiscalia sigue investigando
La Fiscalía, por su parte, ha anunciado que continúa recabado datos por las Diligencias de Investigación que abrió el sábado para valorar, en su conjunto, si hay indicios de responsabilidades penales, contra quienes y , en su caso, ejercer las oportunas acciones legales.
La investigación pretende aclarar si los responsables del Gobierno catalán han cometido un delito de desobediencia, prevaricación e incluso malversación de fondos.
La fiscalia del TSJC, quiere saber tres cosas: primero si se han convocado reuniones con responsables de centros públicos en los que se solicita la puesta a disposición de los centros para la realización de la consulta, y si existen órdenes o instrucciones por parte de la Generalitat para la utilización de esos locales. Ademas, el fiscal exige un informe de la Policía-Mossos d’Esquadra, sobre la relación de locales o edificios de titularidad pública (Institutos, Dependencias Municipales u Organismos) en los cuales se ha desarrollado la consulta, así como la identificación de la persona responsable de la dependencia bajo cuya autorización se haya franqueado el acceso a los delegados de las entidades convocantes del proceso participativo. Y por ultimo, los fiscales estudiaran los documentos que les remita la empresa Unipost S.A , sobre la hoja de encargo, contrato y cuantos documentos tengan relacionados con la distribución o buzoneo de la propaganda relacionada con la consulta incluyendo el presupuesto y las factura y especialmente, qué persona o entidad les suministró el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado de censo.
