El tabaco le salvó la vida

Madrid

 Un empleado público de la cárcel de Navalcarnero (Madrid) salió indemne la semana pasada de un ataque de un recluso. La suerte estuvo de parte del funcionario cuando la cajetilla de tabaco que llevaba en el bolsillo de su camisa amortiguó la punzada que le propinó el presidiario que tiene problemas psiquiátricos.

Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) explican que se trata de uno de los centenares de agresiones que los trabajadores de las prisiones sufren cada año. Apuntan a la falta de medios preventivos y recursos humanos para controlar a los internos. Unos medios, “que el Gobierno debería poner”, apunta María Ángeles Mur, representante por CSI-F de la Comisión Técnica de Prevención de la Administración del Estado.

Marcha atrás en el protocolo contra la violencia

El Gobierno comunicó al CSI-F la semana pasada que no va a desarrollar un protocolo contra agresiones a empleados públicos en las prisiones. Maria Ángeles Mur considera esta decisión “una burla, una traición y una minusvaloración de los trabajadores de estos ámbitos tan sensibles”. Señala que desde el primer momento se había planteado aplicar el protocolo en toda la Administración y que “de manera inexplicable, Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Defensa se han echado atrás”, asegura Mur que añade que el Gobierno no justifica esa inacción. Además, señala que Instituciones Penitenciarias considera la agresión de un preso al trabajador como un incidente de régimen interno y no como un accidente laboral, hecho que conllevaría realizar un protocolo contra las agresiones “minimizando así el riesgo de los trabajadores públicos en las presiones”, afirma Mur.

CSI-F recurrirá esta decisión, tanto a los tribunales como a la Inspección de Trabajo. Desde el sindicato explican que no existe ningún protocolo preventivo en las Administración Penitenciaria aun siendo el sector donde se producen más agresiones y actos de violencia.

Pocos trabajadores en el ámbito psiquiátrico en las prisiones

El agresor al funcionario tiene problemas psiquiátricos. En relación al trato con presos que tienen esta problemática el sindicato reclama, desde hace años, la necesidad de convocar una oferta de empleo público para el cuerpo de psiquiatras de Prisiones, así como centros penitenciarios especializados en el centro y norte de España. Cuentan desde el CSI-F  que solo existen centros de este tipo en Alicante y Sevilla.