Miércoles, 04 de Agosto de 2021

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¿Qué delitos atribuye la Fiscalía a Mas, Ortega y Rigau?

Eduardo Torres Dulce ha descubierto sus cartas y ha presentado una querella contra el president Artur Mas, su número dos, Joana Ortega y la consejera de educación, Irene Rigau

Artur Mas y Joana Ortega, en el Palau de la Generalitat.

Artur Mas y Joana Ortega, en el Palau de la Generalitat. / JOSEP LAGO (AFP)

  • Prevaricación. Los querellados llevaron a cabo "una continuada actividad administrativa destinada a dar soporte material y personal al proceso de participación suspendido" y mediante un "ejercicio desviado de las funciones públicas que ostentan adoptaron decisiones y tomaron medidas que fueron causa eficiente de la celebración de una consulta que se hallaba suspendida por decisión vinculante del máximo órgano de garantías constitucionales". Hallándose jurídicamente suspendido el proceso de participación" los querellados adoptan decisiones que les sitúan extramuros del ordenamiento jurídico y que solo aspiran a hacer prevalecer su voluntad respecto del contenido de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional".
  • Desobediencia grave. "Los sucesivos cambios en el formato jurídico de la consulta para tratar de eludir la clara, expresa y terminante suspensión de la misma no son sino una retórica al servicio del incumplimiento y el carácter abierto de la negativa de los querellados a dar cumplimiento a la resolución de suspensión emanada por el alto tribunal es manifiesto". Los querellados "conocían la decisión del Tribunal Constitucional y en abierta y franca oposición llevan hasta el final el acto suspendido" y las declaraciones de Mas el día de la consulta son reveladoras "si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí".
  • Obstrucción a la justicia o usurpación de atribuciones judiciales. Este delito protege la "división de poderes" porque "lo que está en juego realmente es la vigencia de las decisiones del Tribunal Constitucional en el territorio de Cataluña, contrarrestada sin fundamento legal por un ejercicio desviado de las prerrogativas administrativas y de gobierno de las que se hallan investidos los querellados".
  • Malversación de caudales públicos. El delito se ha cometido porque "se ha incurrido en gasto público para llevar a cabo actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del Tribunal Constitucional y por consiguiente ontológicamente ajenas a la función pública".
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