El juez Pedraz plantea archivar parte del caso Banco de Valencia por la falta de apoyo de la administración
El juez de la Audiencia Nacional lleva 13 meses pidiendo sin éxito hasta a cuatro administraciones del Estado la designación de dos peritos claves para comprobar la existencia de delito
El juez Santiago Pedraz a su llegada este lunes a la Audiencia Nacional / Emilio Naranjo (EFE)
Madrid
El titular del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, vive con el caso del Banco de Valencia el epítome de los males que afectan a la instrucción de algunos de los casos más complejos y generalmente relacionados con la corrupción que se investigan en España.
Desde noviembre del año pasado está pidiendo a distintas administraciones la designación de dos peritos que tasen las propiedades inmobiliarias financiadas por el Banco de Valencia en distintas operaciones bajo sospecha en la Comunidad valenciana, Madrid y Baleares.
Primero se dirigió a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Después al Secretario de Estado de Hacienda; a la dirección general de Patrimonio y por último al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Todos han denegado el nombramiento de los expertos, necesarios para demostrar la existencia del delito, con el argumento de que “no les afecta”, según fuentes jurídicas consultadas por la SER.
Ahora, en una providencia a la que ha tenido acceso esta emisora, el juez Pedraz plantea a las partes la práctica de nuevas diligencias, o el archivo de ocho de las catorce piezas separadas de la causa, ante la imposibilidad de avanzar en la investigación de las mismas por la falta de estos informes periciales.
En las piezas cuyo archivo se plantea hay más de 20 imputados, entre ellos el expresidente de la Generalitat valenciana y vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, y la antigua cúpula del Banco de Valencia con el exconsejero delegado, Domingo Parra, o el exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, entre otros.
Habrían favorecido el “trato privilegiado” a determinadas sociedades con operaciones “de obvia apariencia delictiva”, provocando un agujero en la entidad de centenares de millones de euros, que contribuyó a la quiebra y rescate del Banco de Valencia por parte del FROB con 4.500 millones.
