El PSOE se niega a pactar con el PP los cargos del Consejo de Transparencia
Las Cortes tiene que designar a un diputado y a un senador antes del miércoles
La candidata propuesta como Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Mª Ester Arizmendi Gutiérrez.(El País)
Madrid
Queda tan sólo una semana para que entre en vigor, en su totalidad, la Ley de Transparencia. A partir del próximo miércoles, la Administración General del Estado estará obligada a facilitar toda la información que reclamen los ciudadanos. Y antes de esta fecha las Cortes tienen que designar a un diputado y un senador como vocales del Consejo de Transparencia, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley.
El PSOE propone, en definitiva, ir a un sistema nuevo de elección. Tradicionalmente populares y socialistas han cocinado el reparto de cargos en órganos institucionales, como por ejemplo, en la Agencia de Protección de Datos, haciendo valer siempre su fuerza como grupos mayoritarios. El PSOE renuncia ahora a repartirse con el PP su presencia en el Consejo de Transparencia. Ya ha tomado la decisión y así lo va a comunicar este miércoles a la Cámara. Quiere el PSOE que esa elección sea realmente democrática y pueda recaer en un diputado o un senador de cualquier grupo parlamentario, incluidos los minoritarios que han estado siempre apartados de cualquier negociación. ¿Cómo hacerlo?, ¿cuál es la fórmula? La concretarán los socialistas cuando hayan hablado con todos los grupos. Habrá que ver también cómo se tomará el PP esta propuesta.
El Consejo de Transparencia está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estará formado por una Presidencia, que va a ocupar Esther Arizmendi a propuesta del Ejecutivo, una Comisión de Transparencia -integrada por siete vocales propuestos por distintas instituciones- y dos subdirecciones generales: la de Reclamaciones y la de Transparencia. Entre los siete vocales están un diputado y un senador.
El Consejo garantizará el cumplimiento de las normas de transparencia y buen gobierno. Entre sus funciones importantes se encuentra el conocimiento de todas las reclamaciones que se presenten de los ciudadanos que no estén conformes con la información que se les haya facilitado. También será el encargado de vigilar que las administraciones cumplan con sus obligaciones de transparencia.
