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El frío llega sin tregua invernal para los que no pueden pagar la luz y el gas

Algunas comunidades articulan fondos de ayuda ante la falta de protección del Estado

No hay datos oficiales sobre los cortes de suministro que ejecutan las empresas de suministro energético. /

Sufren pobreza energética los que tienen que destinar más de un 10% de sus ingresos, o los que no disponen de calefacción suficiente. Distintas estimaciones, tomando como base datos de las Encuestas de Presupuestos familiares y de Condiciones de Vida consideran que el problema afecta en torno al 8% de la población española. No muy lejos de los 4 millones de personas. La situación extrema es no poder pagar los recibos.

No hay datos oficiales sobre los cortes de suministro que ejecutan las empresas de suministro energético. En el caso de la luz, alguna empresa sí los ha publicado en años recientes, y extrapolando se puede estimar que pasa del millón de casos al año en el conjunto de la red, y que en torno al 10% de los cortes se mantienen más de una semana. Es decir, uno de cada diez afectados tardan en reunir el dinero para pagar la deuda y recuperar el servicio.

Dos distribuidoras eléctricas nos dicen que, al menos en Catalunya, no le cortan la luz a nadie entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Tregua navideña, en lugar de tregua invernal. Éstas y otras compañías aseguran que están dispuestas a negociar con los clientes fórmulas de fraccionamiento del pago para evitar el corte de suministro.

El PP cierra la puerta a la tregua invernal

Pero el caso es que de momento han fracasado los intentos de conseguir normas, a nivel estatal, que protejan de forma efectiva a los que no pueden pagar para que no se queden sin luz ni calefacción, especialmente durante el invierno.

Izquierda Unida propuso en 2013 la llamada tregua invernal: que no se pudiese cortar la luz o el gas a los morosos al menos hasta la primavera, con temperaturas más suaves. O con carácter indefinido, en caso de riesgo para la salud de las personas afectadas. Y en octubre pasado lo intentó el PSOE.

Las dos veces el PP, con su mayoría absoluta en el Congreso, lo ha impedido. En la última, en ausencia de representantes del gobierno, la diputada del PP Encarnación Jiménez insistió en que ya hay un bono social. Un precio reducido para determinados consumidores, incluidos los llamados "vulnerables".

Pero un precio bajo no es garantía de que se pueda pagar. Aunque la diputada asegura que se trabaja en algo en relación con el corte de suministro y la protección de los usuarios. "En relación con la interrupción del suministro eléctrico, la ley (del sector eléctrico) también contempla y establece las bases de protección del consumidor... y ahora mismo se están tramitando los reglamentos que van a desarrollar la ley en este aspecto".

Sin embargo, la letra de la ley no recoge el espíritu de la tregua invernal, y el Ministerio de Industria se limita a decir que "el tema se está tratando, y hasta el momento no tenemos información que ofrecer".

El gobierno "paraliza" la tregua catalana

Lo que sí ha hecho el gobierno ha sido recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana que establecía la tregua invernal. Básicamente porque considera que la administración autonómica ha legislado en materias de competencia estatal. El Tribunal ha tomado en consideración el recurso y automáticamente ha dejado sin efecto la norma catalana, a la espera de una decisión definitiva.

Aun así el conseller de Empresa de la Generalitat, Felip Puig, asegura que se han tomado medidas "para que a la gente no le corten el suministro, y eso está garantizado". Y explica: "Lo que hemos articulado son los procesos para garantizar que lo que el decreto preveía lo seguiremos haciendo sin tener la capacidad de exigencia que el decreto nos daba. Porque el buen nivel de colaboración y negociación con las empresas y de articular el proceso y el protocolo de los servicios sociales está en marcha”.

Pero la Generalitat no puede exigir, no tiene capacidad coercitiva frente a las eléctricas.

El sector dice que está dispuesto a colaborar, pero lo ve como un problema de asistencia social. Y entiende que la administración ha de crear registros de consumidores con derecho a ayudas. Y aportar dinero. La Generalitat reconoce que de momento no se ha creado el fondo económico previsto.

Ayudas en Andalucía

A la vista del recurso contra la norma catalana la Junta de Andalucía ha paralizado su proyecto de imponer al sector eléctrico la tregua invernal.

Lo que ha hecho, en cambio, es poner a disposición de los Ayuntamientos 7,5 millones de euros para ayudar a las familias sin recursos.

Diego Valderas es su vicepresidente. "Los Ayuntamientos disponen de una cantidad económica que les ha trasladado la Junta de Andalucía para que puedan atender los casos más urgentes de desahucio energético".

Los criterios los fija la Junta, y los ayuntamientos atienden a los vecinos con problemas. Pero Valderas insiste en que el problema debe resolverlo la administración central, que para eso se considera competente en la materia.

En Galicia -dice la Xunta- hay un "ticket eléctrico": ayudas de 90 a 120 euros al año para unas 14.000 familias. En otras autonomías el asunto está sobre la mesa. Pero, hasta donde sabemos, se trata sólo de proyectos.

"En los países nórdicos es impensable un corte del suministro"

En Europa hay países, como España, con poca protección "energética" a los ciudadanos. Especialmente los meridionales, con clima menos riguroso. En el lado contrario están los nórdicos, allí nunca se corta la energía, nos dice Bernardo Hernandez, del Comité Económico y Social europeo: "Son países que lo consideran totalmente inherente al derecho de los ciudadanos: no cortar el suministro, especialmente en invierno".

Entre ambos grupos de países están los que, como Francia o Bélgica, han impuesto la tregua invernal que muchos demandan en España.

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