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Domingo, 29 de Marzo de 2020

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El PP pedirá la suspensión de un cargo público cuando se le abra juicio oral por un caso de corrupción

Los populares se comprometen a eliminar los aforamientos cuando sea posible

La Comisión Constitucional del Congreso que aprueba los dos proyectos de ley de lucha contra la corrupción, de control financiero de los partidos y del ejercicio del alto cargo.

Sergio Barrenechea (EFE)

¿En qué momento procesal un cargo público debe abandonar su puesto cuando esté implicado en un caso de corrupción? Sobre este polémico asunto se ha debatido largo y tendido a lo largo de las cinco reuniones que ha habido de la ponencia de la Ley del Alto Cargo. El PSOE lo pedía expresamente en una enmienda: “quienes sean condenados o se hallen incursos en juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos…deberán suspender en sus funciones”. Pero el PP rechazó la enmienda. Los socialistas denunciaron que los populares no se querían mojar en este asunto. Otros grupos, como la Izquierda Plural, pedían que ese momento se situara en la imputación de un cargo público.

Este miércoles fuentes del grupo popular han confirmado que la propuesta se incluirá en la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde quedará estipulado la apertura de juicio oral como momento en el que un cargo público debe dejar su puesto. Explican los populares que este tema es de dudosa constitucionalidad porque “se quita el mandato representativo a alguien que todavía no ha sido condenado” y que, por tanto, sería conveniente que el Poder Judicial se pronunciara sobre la cuestión. Pero lo cierto es que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal está ya en periodo de consultas, en los órganos consultivos del Estado. El gobierno tendrá que aprobar posteriormente el proyecto y enviarlo a las Cortes. Ya no tendrá obligación de someter a control judicial el nuevo texto con todas las incorporaciones que se hayan hecho. Incorporaciones que podrá hacer el Ejecutivo o, vía enmienda al texto, el grupo popular.

Lo que sí quedará reflejado en el Proyecto de Ley de Control Financiero de los Partidos es la suspensión automática de militancia en un partido político a todo aquel que esté implicado en un caso de corrupción y se le abra juicio oral.

Sobre los aforamientos, el secretario general de los populares, José Antonio Bermúdez de Castro, ha anunciado que el PP se compromete a regular y limitar los aforamientos de los altos cargos, como pedía el PSOE, en el momento en el que sea posible. El compromiso se va a reflejar en una enmienda transaccional. El hecho de que los populares no hayan puesto fecha a su compromiso ha levantado suspicacias en la oposición que considera que con este anuncio el PP intenta ocultar su soledad en dos de sus proyectos estrella de regeneración democrática.

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