La defensora del Pueblo denuncia graves carencias en las Urgencias españolas

Madrid

Hay saturación en las urgencias españolas porque faltan profesionales. Ese es el primer diagnóstico que hace la oficina del Defensor del Pueblo en este informe. “La presencia de profesionales especializados y con experiencia en urgencias no está garantiza en todas las franjas horarias, ni todos los días de la semana”.

Ante esa carencia, acaban siendo los médicos internos residentes (MIR), los médicos en prácticas, “quienes acaban asumiendo una excesiva responsabilidad”.

La consecuencia de este déficit de profesionales es que “la saturación en urgencias incrementa el riesgo de error humano y el aumento de morbimortalidad”, según se puede leer en este informe global, donde se recomienda que las Comunidades pongan en marcha “herramientas de gestión para evitar el estrés laboral que sufren los profesionales en las urgencias”.

“La saturación en urgencias incrementa el riesgo de error humano y el aumento de morbimortalidad”

Porque si algo destaca este estudio es que todo lo hecho hasta ahora es insuficiente, “los avances de las últimas décadas, las urgencias hospitalarias siguen presentado inadecuaciones".

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Pacientes en fase terminal

Por ejemplo, en lo que se refiere a la atención de los pacientes en fase terminal, que representa “un fracaso del sistema”, porque en las urgencias “no resulta posible garantizar una muerte digna, ni preservar el duelo familiar”.

“No resulta posible garantizar una muerte digna en urgencias"

Cierre de camas

También se da un severo toque a las Comunidades Autónomas por el cierre de camas hospitalarias. La Defensora del Pueblo admite que el “cierre de camas hospitalarias en época estival, como consecuencia del descenso de la demanda y actividad asistencial, es signo de eficiencia en la gestión de recursos”.

Sin embargo, es tajante en el cierre de camas durante el resto del año porque “no tiene justificación”, por ejemplo, “ante la demanda potencial”. Por eso, recomiendan que el cierre temporal de camas “exige evaluar específicamente las necesidades estructurales de los servicios de urgencias”.

Inmigrantes irregulares, también vulnerables

En el informe ‘Urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud’ se dedica un capítulo específico a la situación de los inmigrantes irregulares. La oficina del Defensor del Pueblo admite que “la práctica frecuente de supeditar la asistencia sanitaria urgente (de inmigrantes) a la firma de facturas, dificultan el cumplimiento de las obligaciones de la Real Decreto 16/2012".

“Se limita el derecho de los inmigrantes en situación irregular en urgencias”

Pero no solo se cuestiona “los compromisos de pagos y las facturas” en urgencias. También la “continuidad asistencial” (obligatoria según el Real Decreto 16/2012 hasta el alta médica, no hasta el alta hospitalaria).

Ese concepto “se confunde habitualmente”, según la Defensora del Pueblo, por eso se “limita el derecho de los inmigrantes en situación irregular en urgencias”. Las personas en situación irregular sufren “dificultades para que el paciente sea derivado” a otros centros, tampoco pueden realizarles un “seguimiento”, incluyendo “pruebas diagnósticas o tratamientos médicos, quirúrgicos o farmacológicos que sean necesarios”. Y lo que es más grave, “se retrasa la atención y el diagnóstico, limitando las expectativas de recuperación del paciente”.

“Se retrasa la atención y el diagnóstico, limitando las expectativas de recuperación del paciente”

Por eso, recuerdan que las personas irregulares tienen derecho a ser atendidos en Urgencias y que su derecho no finaliza con el alta de urgencia sino con el "alta médica" de manera que "la asistencia debe prolongarse hasta la resolución del problema de salud que dio lugar a la urgencia".

Más toques de atención

Otra de las consecuencias del colapso es que “menoscaba la privacidad y la intimidad de los pacientes”. Ante esta situación y "atendiendo a la importancia" que tienen los servicios de Urgencias, la Defensora del Pueblo reclama "la definición de una especialidad médica y de enfermería de urgencias”.

Para realizar este estudio, la Oficina del Defensor del Pueblo no ha visitado ni una sola urgencia hospitalaria de España. El objetivo era “estudiar problemas comunes, sin particularizar casos concretos de hospitales”, ha explicado la Defensora del Pueblo Soledad Becerril.

Este estudio ha contado con la participación y aportaciones de pacientes, profesionales sanitarios y gestores, que han respondido a un documento común con 124 cuestiones basado en las quejas recibidas.