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La gerente del PP valenciano, en la cuerda floja

Cristina Ibáñez lleva imputada desde 2011. En el PPCV dicen que no la pueden apartar porque es "una empleada y depende directamente de Génova". Desde la sede nacional aseguran que "en los próximos días se podrían adoptar medidas"

GRA068.- MADRID, 13/02/14.- Combo de fotografías de archivo (de arriba abajo, izquierda derecha) de Ricardo Costa, exvicesecretario general del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV); Vicente Rambla, exvipresidente de la Generalitat; Cristina Ibañez, exgere(EFE)

GRA068.- MADRID, 13/02/14.- Combo de fotografías de archivo (de arriba abajo, izquierda derecha) de Ricardo Costa, exvicesecretario general del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV); Vicente Rambla, exvipresidente de la Generalitat; Cristina Ibañez, exgere

Madrid

Es gerente del PP valenciano desde 1995 y lleva imputada desde mayo de 2011. La continuidad de Cristina Ibáñez compromete la línea roja marcada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien no quiere a dirigentes salpicados por la corrupción en sus filas pero, sin embargo, la mantiene.

Lo que ocurre es que Ibáñez no desempeña ningún cargo político. Es empleada del Partido Popular y, como gerente, su puesto depende directamente de Génova, de la sede central del partido. Es lo que argumentan en el PP valenciano. Dicen que no pueden actuar contra ella y lanzan la pelota hacia el tejado de María Dolores de Cospedal. Mientras desde la organización nacional, fuentes del PP, aseguran a la Cadena Ser que "en los próximos días se podrían adoptar medidas".

Muchos de sus compañeros de partido creen que la van a cesar. En diciembre, fue procesada junto al resto de la cúpula del PP en la pieza separada del caso Gürtel, que investiga la presunta financiación ilegal de la formación regional. Y no ocurrió nada. En enero, Ricardo Costa y Yolanda García abandonaran sus escaños. Entonces, fue cuando se pensó que sería apartada de sus funciones pero continuó como responsable de cuentas.

Pero ahora hay quien opina que la situación es ya insostenible porque el viernes pasado Anticorrupción pidió casi 8 años de cárcel para la cúpula del PPCV de la época de Francisco Camps por delitos electorales y falsedad documental. Entre sus responsables figura su nombre. El único, además, que sigue vinculado al partido.

Para destituirla se pueden tomar dos decisiones: o se ejecuta un despido improcedente o pasa a ser trabajadora del PP valenciano, como ocurrió con el gerente de Madrid involucrado en lo de las tarjetas opacas de Caja Madrid.

 

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