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Viernes, 06 de Diciembre de 2019

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¿A quién importa el informe de Amnistía?

Amnistía denuncia en su informe anual la “vergonzosa e ineficaz respuesta” de la mayoría de gobiernos a las violaciones de los derechos humanos.

Una niña perteneciente a una de las familias evacuadas por el Ejército del área rebelde de Douma descansa en un centro de acogida temporal en una escuela en Qudsaya, a las afueras de Damasco, en Siria. / ()

Con una veintena de países en los que se violan las leyes más elementales de la guerra, 50 millones de refugiados en todo el mundo y más de 3.400 muertos en aguas del Mediterráneo cuando intentaban llegar a Europa, decir que 2014 fue un año catastrófico para los derechos humanos no es muy novedoso. El problema, como explica en la presentación en Madrid Alfonso Sánchez, presidente de Amnistía Internacional (AI) en España, es la total indiferencia con que recogen todos estos desastres la mayoría de gobiernos e instituciones internacionales.

Los portavoces de la organización son especialmente duros en el tema de las personas que intentan llegar a Europa por mar. “Es abominable ver cómo los países ricos destinan la mayor parte de sus esfuerzos a impedir que los refugiados entren por sus fronteras, y no a salvar sus vidas”, dice Sánchez.

Su compañero Esteban Beltrán, director de AI España, explica por ejempl cómo el cambio de la misión italiana para el rescate en aguas del Mediterráneo (Mare Nostrum) por la misión europea de Frontex (Tritón) ha supuesto que haya muchos menos fondos, muchos menos barcos y mucha más gente en peligro de muerte. Y para hacerlo peor, “les decimos emigrantes -aclara Beltrán-, aunque la mayoría son gente que está en condiciones de pedir asilo” porque huyen de guerras como las de Siria, Malí o Somalia.

“tenemos que lograr que la política que obviamente debe perseguir a los terroristas, no haga que nos parezcamos a los terroristas”

Respecto a España, la crítica más dura se refiere a la situación en las ‘verjas’ que separan a Ceuta y Melilla de Marruecos. “Lo que ocurrió en febrero de 2014 fue muy grave, dice Beltrán refiriéndose a las muertes en El Tarajal-, pero aunque se haya imputado a 16 personas, el Estado no ha cumplido con su obligación de investigar. No es suficiente además con que se abran causas en los tribunales, si el Estado no hace su parte. La crítica es tan dura que Amnistía singulariza al gobierno español como el único que no sólo hace devoluciones en caliente, sino que “se ha atrevido a intentar hacer legal lo ilegal, porque además de grave es imposible, ya que en derecho internacional simplemente no es posible legalizar ese tipo de expulsiones”.

Amnistía denuncia que se usen legislaciones antiterroristas para recortar las libertades de los ciudadanos (“tenemos que lograr que la política que obviamente debe perseguir a los terroristas, no haga que nos parezcamos a los terroristas”), de nuevo citando los casos específicos en España de la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Beltrán advierte de que con las fórmulas que están promoviendo muchos gobiernos europeos, “casi cualquiera puede encajar en la categoría de terrorista”. Jesús Núñez Villaverde, director del IECAH y colaborador habitual de la Cadena SER, añade que hay una fijación obsesiva con el terrorismo que ni siquiera está haciendo del mundo un lugar más seguro. Y ni siquiera hay una ambición por intentar salir de una situación tan negra: “en septiembre llegaremos al 70 aniversario de naciones Unidas, y a diferencia de hace 10 ó 20 años, nadie parece tener una intención de reformarla”. Un pesimismo con el que Núñez-Villaverde responde a la petición de Amnistía de que el derecho de veto en el Consejo de Seguridad se anule para casos de genocidio o crímenes de guerra muy graves.

Esa propuesta de reforma es de las pocas que escapa a un informe muy sombrío. Y un leve destello: en 2014 ha entrado en vigor el Tratado Internacional para el Comercio de Armas. Pone un poco de transparencia en un campo caracterizado por lo contrario. España ha sido especialmente activa en la campaña para su aprobación internacional, y es un mérito que Amnistía reconoce. Pero siempre hay un pero: Canadá, Rusia, China o India, que están entre los principales fabricantes de armas, no lo han firmado.

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