Viernes, 14 de Agosto de 2020

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CASO DE LOS ERE

El Tribunal de Cuentas exonera de responsabilidad contable a Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán

Cifra el fraude contable por el pago a las consultoras que tramitaban los ERE en 64 millones de euros

José Antonio Griñán y Magdalena Álvarez, durante el Comité Provincial del PSOE celebrado el 23 de enero de 2010 en Málaga

José Antonio Griñán y Magdalena Álvarez, durante el Comité Provincial del PSOE celebrado el 23 de enero de 2010 en Málaga / Jorge Zapata (EFE)

El Tribunal de Cuentas ha resuelto la denuncia del Partido Popular de Andalucía por el fraude de los ERE en el capítulo de las sobrecomisiones abonadas a las consultoras Vitalia y Uniter, que actuaban de mediadoras entre la Junta y las empresas en el pago de los expedientes de regulación de empleo. El órgano fiscalizador atribuye a la Junta un fraude de 64,3 millones de euros del que responsabiliza a tres directores generales de empleo y seguridad social. A Francisco Javier Guerrero se le atribuye un fraude de 46,2 millones de euros; a Juan Márquez de 14,7 millones de euros; y a Daniel Rivera de 3,2 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas exonera de responsabilidad contable a los consejeros de Empleo, Hacienda e Innovación que han estado bajo la lupa de la juez Mercedes Alaya. Entre otros, José Antonio Griñán o Magdalena Álvarez. La delegada instructora que firma el expediente, al que ha tenido acceso la Cadena SER, entiende que eran los directores generales los que tenían "competencia en la gestión económica de dichos fondos".

Este pronunciamiento del Tribunal de Cuentas está en la línea del informe de la defensa de los aforados que también delimita la responsabilidad del supuesto fraude en la Dirección General de Trabajo.

El Tribunal entiende que se ha ocasionado un presunto perjuicio en los fondos públicos, "correspondiente a los excesos abonados en concepto de comisiones aplicadas a las primas de pólizas de seguros colectivos financiados por la Junta, respecto a los precios vigentes en el mercado".

La persona que tenía la competencia de autorización de las pólizas y de los reconocimientos de pago era el Director General de Trabajo, dice el Tribunal. Y explica que, aunque no aparecía desglosado el concepto "gastos externos" o "comisiones de adquisición", el director debía conocer los conceptos concretos que se estaban autorizando.

La instructora ha desglosado las diligencias sobre el supuesto fraude de los ERE en otras dos piezas; una referida a las ayudas sociolaborales a la prejubilación y otra a ayudas destinadas a empresas.

 El Tribunal de Cuentas también ha citado para reclamar diferentes cantidades cobradas, supuestamente de forma irregular, a seis ayuntamientos sevillanos y a casi 40 empresas que recibieron ayudas directas. Gran parte de los citados ya tienen embargados cuentas y bienes en el procedimiento penal que sigue la jueza Alaya, en concepto de responsabilidad civil.


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