“No eran cartas de chantaje sino felicitaciones de Navidad”

Madrid

Jose Carmelo Luquin, yerno de Elosua, que tenía una perfumería junto al bar Faisán, ha dicho: "Nunca he distribuido cartas de extorsión. Está en contra de mis principios". Ha añadido que de las conversaciones que tenía con su suegro no dedujo que formara parte de la red de extorsión de ETA ya que además "siempre estaba creando sus propias aventuras con mucha imaginación y metía bolas", y ha asegurado que las cartas que enviaban eran de felicitaciones de Navidad.

Jean Pierre Haracorene ha recordado que trabajaba como periodista deportivo, que su relación con Elosua era de amistad y ha negado que formara parte de la red e incluso ha asegurado que cuando algún conocido de alguien extorsionado hablaba con él del asunto siempre intentaba decirles que no pagaran.

Ha añadido que entregó a Emilio Castillo dos sobres que, según le había dicho Elosua, contenían publicidad para cuñas para la radio en la que trabajaba y que no le constaba que contuvieran cartas de extorsión de ETA.

Emilio Castillo ha relatado que se dedicaba a repartir publicidad para sacar algún dinero y ha negado que fueran sobres con cartas de ETA enviadas, entre otros, al cocinero Juan María Arzak.

Ignacio Aristizabal ha recordado que cuando fue detenido le dijo al juez que "tenía la sensación de estar inmerso en un sueño profundo" y ha asegurado que la conversación que tuvo con Elosua en las que hablaron de dinero era por unas facturas de una compraventa de vino pero no para temas relacionados con el impuesto revolucionario.

Ramón Sagarzazu ha negado que participara en la red de extorsión y ha comentado que dejó de colaborar con ETA en 1986, además de recordar que a los cinco meses de morir su mujer su hijo, que ha calificado como "patriota vasco", fue detenido y encarcelado en Francia.

Sagazazu ha relatado que él y Elosua se reunieron con el fallecido Gorka Agirre pero no para recibir de éste 54.000 euros de dos empresarios como mantiene el fiscal sino porque al parecer éste quería recabar su opinión sobre la tregua de ETA por su paso hacía años por la banda "en un momento en el que todo el mundo estaba muy ilusionado por que todo terminara bien".

La fiscalía solicita penas de prisión que oscilan entre los ocho años de cárcel por integración en grupo terrorista a los seis años por colaboración.

El bar Faisan, centro de opraciones

El "centro neurálgico" del aparato de extorsión de ETA estaba localizado en el bar 'Faisán' de Irún, en Guipúzcoa, donde en 2006 se produjo un chivatazo policial que desbarató una operación contra el chantaje terrorista por el que fueron condenados dos altos mandos policiales.

En el bar Faisán, según la Fiscalía, "se recibían informaciones de naturaleza económica, se gestionaban los contactos de los extorsionados" y se realizaban entregas en metálico a "responsables o colaboradores de la organización terrorista ETA en Francia".

Están acusados los que distribuían las cartas de extorsión y algunos empresarios que fueron procesados por efectuar pagos a la organización terrorista y no cumplir con su deber de denunciar las amenazas de la que estaban siendo objeto.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo solicita penas más altas hasta los 12 años de prisión para cada uno de los doce procesados.

En el banquillo de los acusados se sentará Carmelo Luquin, yerno del dueño del bar Faisán, Joseba Elosua -ya fallecido-, Alfonso Martínez de Lizarduy, Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Haracorene Camio y Emilio Castillo González de Mendivil, a los que la Fiscalía atribuye un delito de integración en organización terrorista por trasladar desde Francia las cartas de extorsión de la banda y gestionar los pagos.

Empresarios, víctimas del miedo

El fiscal también atribuye un delito de administración fraudulenta, penado con seis meses de prisión, a cinco miembros del consejo de administración de la empresa de máquinas expendedoras Azkoyen: Jesús Marcos Calahorra Muñoz, José María Careaga Meavenzorena, Francisco Elizalde Golzaraz, Ricardo Armendáriz e Ignacio Moreno Purroy.

Todos ellos deberán reintegrar a la compañía 222.374,47 euros, el equivalente de los 37 millones de pesetas que los consejeros sacaron de la caja fuerte de la empresa tras recibir varias cartas amenazantes de ETA, la última en julio de 2001.

"Los extorsionados, miembros del consejo de administración, llevados por el miedo y la coacción, no denunciaron los hechos, hicieron el pago y, más tarde, lo hicieron figurar como gasto no deducible en la contabilidad", señala el fiscal, que apunta, no obstante, que "el cargo falseado es inferior a los 240.000 euros que exige el tipo penal".