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Juristas contra el Código Penal

Los juristas se han puesto de acuerdo otra vez para protestar contra la reforma del código penal por autoritaria

Un juez dicta sentencia golpeando el mazo sobre su mesa / GETTY IMAGES

El Grupo de Estudios de Política Criminal, que agrupa a 200 jueces, fiscales y profesores universitarios, va a presentar hoy una iniciativa peculiar, simultánea en facultades de toda España donde se leerá un manifiesto para expresar su rechazo a la reforma del Código Penal, que creen la "más autoritaria" en 20 años.

El manifiesto, denuncia que el endurecimiento de las penas que plantea esa reforma es "populista y no deparará mayor seguridad" e inciden en que "la cadena perpetua es contraria a la idea de dignidad y ningún estudio avala su mayor eficacia".

Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona, Salamanca, Castellón, Valencia, Málaga, Cádiz, o el País Vasco, entre otras se han sumado al comunicado que también destaca que en España hay demasiados reclusos aunque la tasa de delincuencia es de las condenas inferior a la media europea.

Además, para los firmantes del manifiesto, la "introducción de la cadena perpetua como vértice del sistema de penas abandona dramáticamente cualquier finalidad de reinserción social y se utiliza exclusivamente con fines propagandísticos".

"Penas de mayor duración no suponen obtener mayor seguridad pero sí provocan, sin duda, supuestos de una crueldad absolutamente innecesaria", añaden los juristas críticos con la reforma, que creen que la nueva legislación pasa "de juzgar el hecho y la culpabilidad del sujeto a pretender juzgar al propio sujeto, en línea con antiguas leyes de peligrosidad de nefasto recuerdo".

Los firmantes del manifiesto critican, entre las reformas, el pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE, ya que, frente a "medidas mucho más eficaces como la inteligencia, la cooperación y la política internacional", tipifica conductas que ya eran consideradas delictivas y "difumina el concepto de terrorismo, criminalizando la libertad de pensamiento".

Además, el Grupo de Estudios cree que la reforma penal, en sintonía con el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, "criminaliza la protesta ciudadana con el fin de disuadir a muchos colectivos de ciudadanos indignados de expresar públicamente su rebeldía contra una política que destruye los cimientos del Estado de bienestar".

Para los juristas del Grupo de Estudios de Política Criminal, el texto de la reforma adolece de numerosos "errores técnicos" -que en su opinión han puesto de manifiesto expertos e instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal-, debido a la "precipitación en la reforma y la ausencia de otra justificación que no sea la mera propaganda

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Cadena SER

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