El PSOE pide hasta seis años de cárcel por donaciones ilegales a partidos políticos
Reclaman el ingreso en prisión cuando el importe de lo defraudado supere los 50.000 euros, en vez de los 500.000 que plantea el PP
GRA021. MADRID, 16/03/2015.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la presentación que ha realizado hoy de la intervención de la portavoz del PSOE en el Senado y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, en un desayuno informativo d / Chema Moya (EFE)
Madrid
El PSOE continúa con su ofensiva parlamentaria contra la corrupción y la próxima semana llevará al pleno del Congreso una proposición de ley que, entre otros aspectos, reclama rebajar de 120.000 a 50.000 euros el umbral del delito fiscal y ampliar de cinco a diez años su plazo de prescripción.
Además propone castigar hasta con un máximo de seis años de cárcel las donaciones ilegales a partidos políticos, siempre que el importe de lo defraudado supere los 50.000 euros. La propuesta queda lejos de los 500.000 euros a partir de los cuales se ingresaría en prisión, según ha aprobado el PP en la reforma del Código Penal, y que el PSOE considera un coladero para corruptos.
La proposición no se queda sólo en quienes aceptan esas donaciones ilegales sino en quienes favorecen la corrupción al ofrecerlas. Para ellos, la proposición también reclama penas de cárcel, así como la prohibición de volver a contratar con la administración pública entre dos y cuatro años.
Además, los socialistas piden endurecer y ampliar la prescripción para otros supuestos penales ligados a la corrupción como la prevaricación, el cohecho o la apropiación indebida. La proposición de ley también reclama penas de cárcel para los responsables políticos que falseen, alteren o manipulen las cuentas de sus partidos para impedir u obstaculizar su control externo, así como para quienes no presenten esas cuentas en los seis meses siguientes al plazo estipulado para ello o no corrijan las deficiencias detectadas en el periodo establecido.
La proposición de ley también plantea castigar con penas de prisión el enriquecimiento ilícito para aquellos funcionarios y autoridades públicas que, sin razón jurídica que lo sustente, experimenten un incremento de sus bienes o patrimonio durante el ejercicio de su cargo o responsabilidad y no pueda acreditar su procedencia.
Según el diputado Antoni Such, que defenderá la iniciativa parlamentaria, “se trata de resultar completamente ejemplares y transparentes, poniendo coto a la corrupción y a casos como el de Bárcenas. Y la máxima transparencia debe darse en lo que se refiere a la Hacienda pública, ya que ése es el dinero de todos que debe servir para financiar los servicios públicos a los ciudadanos y no para otros fines”.
