El PP paga los 245.492 euros por su supuesto lucro en la Gürtel

Madrid

El Partido Popular ha depositado en la Audiencia Nacional la fianza solicitada por el juez Pablo Ruz en su auto de apertura de juicio oral por la primera época de la Gürtel, comprendida en el periodo entre 1999 y 2005.

Se trata de 245.492 euros que según las investigaciones, la dirección nacional del PP se habría ahorrado en campañas electorales de los alcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega en las localidades madrileñas de Pozuelo y Majadahonda, porque ese dinero lo habría puesto el entramado liderado por Francisco Correa.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha presentado un aval del Banco Popular por esta cantidad en el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional.

Jesús Santos, fiscal de la Audiencia Nacional hasta noviembre de 2012 donde destacó en la lucha antiterrorista junto a Eduardo Fungairiño, no es nuevo en la defensa de casos que afectan al Partido Popular. También ejerce la representación legal en el caso de la 'Caja B' del PP al imputado gerente de Cospedal en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, que habría cobrado de la mano de Bárcenas el recibí de 200.000 euros para la campaña a la presidencia en 2007 de la entonces candidata a la presidencia autonómica, a cambio de la adjudicación de un contrato de basuras en Toledo a la empresa Sufi, filial de Sacyr.

Además, Santos defiende al PP en el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas en los juzgados ordinarios de la madrileña Plaza Castilla. Una investigación cuyo archivo ha reclamado recientemente la formación conservadora con la excusa de que la propia acusación popular tiene más interés en la causa que el dueño de los equipos informáticos, el extesorero Luis Bárcenas, quien siempre alegó que aquellos ordenadores contenían información sensible sobre la doble contabilidad del PP. La realidad es que Bárcenas, con sus cuentas embargadas y un gran número de pleitos abiertos en distintos juzgados, ha decidido centrarse en los más relevantes para sus intereses personales. Una cuestión de economía procesal, según fuentes cercanas al extesorero.

En esa causa de los ordenadores, el PP alegó al juez Ruz que los había borrado en abril de 2013 para entregárselos a otro trabajador, pero la policía demostró que fueron borrados en julio de ese mismo año, seis días después de que Bárcenas ingresara en prisión, y que nadie después del extesorero llegó a usar los equipos.