La Audiencia Nacional rebaja a 34 millones la fianza a la cúpula de Bankia

Madrid

Por unanimidad, los cinco magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, acuerdan rebajar de 800 millones la fianza civil solidaria fijada por la supuesta estafa en la salida a Bolsa de Bankia, a 34 millones de euros. Es decir, en un 96%. Para llegar a esta conclusión, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, los magistrados han tenido en cuenta los dos informes de los peritos judiciales del Banco de España, y las peticiones de los pequeños accionistas personados en la causa. Y no a todos, con independencia de que formaran parte o no del proceso, que fue el criterio establecido por el juez Andreu para establecer la primera garantía.

Los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro, Antonio Díaz Delgado, Clara Bayarri y Fermín Echarri, estiman parcialmente los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y los afectados Bankia, Banco Financiero y de Ahorros, el expresidente Rodrigo Rato; el exvicepresidente José Luis Olivas; y los exdirectivos José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú.

La fianza de 800 millones ya fue abonada por Bankia a la Audiencia Nacional, que ahora tendrá que devolver a la entidad bancaria el exceso y se quedará con los 34 millones fijados hoy por la Sala de lo Penal, según las mismas fuentes.

Esa fianza es solidaria. Es decir, los seis imputados, tanto las dos personas jurídicas como las cuatro físicas, deben hacerse cargo de abonar los 34 millones. Si lo hicieran de forma proporcional, cada uno tendría que pagar 5,6 millones de euros.

En un auto demoledor, Andreu concluyó la existencia de serios indicios de que Bankia y BFA falsearon su situación financiera desde su constitución; que la historia de Bankia desde su creación hasta que se hace cargo Goirigolzarri es "incompatible con la verdad".

"Con toda rotundidad", dijo Andreu, el estado financiero en el momento de salir a Bolsa, "no expresaba la imagen fiel" de la entidad.

El juez añadió que el folleto informativo sobre la oferta pública de suscripción de acciones estaba falseado. Un folleto que iba dirigido a los pequeños accionistas, al "cliente minorista", recordó el juez, porque las negociaciones con los inversores del tramo institucional tenían "otro recorrido" y poseían "más información" que los pequeños clientes. En muchos casos, estos perdieron gran parte de sus ahorros al acudir engañados a la oferta pública de acciones.