Las puertas giratorias de la Justicia y los casos del Partido Popular

Madrid

El Partido Popular y algunos de sus antiguos altos cargos imputados en los casos de la caja b de este partido y Gürtel han escogido como abogados en la Audiencia Nacional a nueve exfiscales y antiguos jueces de este órgano jurisdiccional.

La mayoría pidieron la excedencia en su día para dedicarse al sector privado, tienen elevadas nóminas de hasta 400 euros la hora y conocen a la perfección tanto los entresijos de la Audiencia Nacional, como conservan amistades entre los jueces y actuales representantes del Ministerio Público encargados ahora de juzgarlos.

Este último es, sobre todo, el motivo por el que el PP y sus exaltos cargos les han contratado para defenderlos. Otra cosa es, que la estrategia obtenga resultado. Son las puertas giratorias, que no solo funcionan en la política, sino también en la judicatura.

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El Partido Popular y el imputado gerente de Cospedal en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, han confiado su defensa para la caja b a Jesús Santos, que fue fiscal de la Audiencia Nacional. Otros exfiscales del mismo órgano jurisdiccional, como Ignacio Peláez, Ignacio Gordillo, Luis Jordana de Pozas, María Dolores Márquez de Prado o Florentino Ortí, defienden o han defendido entre otros, al arquitecto que reformó la sede del PP en negro, Gonzalo Urquijo; al exgerente de este partido, Cristóbal Páez; al exjefe de Gabinete en la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael Betoret; o a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y los exalcaldes de Arganda, Majadahonda, además de al exdiputado Jesús Merino.

María Dolores de Cospedal ha escogido como abogado en las causas civiles contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, a Adolfo Prego, exmagistrado del Supremo. Otros dos antiguos jueces de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán y Javier Gómez de Liaño, han defendido a implicados en la Gürtel y la caja b como el propio Bárcenas y el supuesto líder de la trama, Francisco Correa.

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Serán juzgados por un tribunal conservador

En cuanto a los tribunales encargados de juzgar a estos implicados, serán dirigidos por magistrados de corte conservador y la mayoría de sus miembros también serán de idéntico talante. Tanto el caso Gürtel como la caja b del PP serán juzgados por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside Concepción Espejel.

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Esta magistrada es amiga de María Dolores de Cospedal y desde Guadalajara tuvo un papel determinante en el intento de procesar a cargos públicos de la administración socialista castellano-manchega por el incendio de la Riba de Saelices, que se cobró 11 vidas en 2005. Los argumentos de la instructora que Espejel avaló, fueron rechazados cuando abandonó la presidencia de la Audiencia de Guadalajara, y los cargos públicos ni siquiera fueron juzgados.

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional está integrada casi exclusivamente por magistrados de la misma tendencia conservadora. A Espejel la acompañan Enrique López, Ángel Hurtado y Julio de Diego. El único progresista es el juez José Ricardo de Prada.

La sentencia que dicte este tribunal solo puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, y en concreto a la Sala Segunda, que revisa este tipo de fallos penales e instruye los casos que implican a aforados. El presidente de esta Sala del Alto Tribunal es el magistrado Manuel Marchena, que fue escogido para el puesto gracias a los votos de la mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial.

Marchena obtuvo el respaldo de los 10 vocales propuestos por el Partido Popular, la vocal de CiU y el del presidente del Supremo, Carlos Lesmes. Los otros candidatos a presidir la Sala, Cándido Conde-Pumpido y Manuel Colmenero, contaron respectivamente con los votos progresistas y el del representante del PNV. Manuel Marchena, fiscal en excedencia, formó parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de la Gürtel.