La Junta Electoral Central admite problemas para votar de casi dos millones de españoles en el exterior
En respuesta a una denuncia de IU, la JEC apunta a la insuficiencia de plazos establecidos en la Ley Electoral y al funcionamiento de los servicios postales de otros Estados
Un hombre deposita su voto en una urna / GETTY IMAGES
Madrid
Centenares de miles de ciudadanos españoles residentes en el extranjero se quedarán sin poder ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas el 24 de mayo. Y no lo harán no porque hayan decidido abstenerse sino debido a las trabas burocráticas que han convertido en una auténtica odisea el tramitar a tiempo su solicitud para votar.
El pasado 21 de abril IU presentó una denuncia ante la Junta Electoral Central en la que denunciaba estos problemas y urgía a establecer mecanismos que permitieran el ejercicio de voto de estos ciudadanos, que suman casi 1,8 millones de personas con derecho a sufragio, el equivalente a la cuarta circunscripción electoral española, después de la Comunidad Valenciana.
Con fecha 30 de abril, la Junta ha remitido su respuesta a IU en la que se remite a sendos informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y por la Oficina del Censo Electoral, en los que se pone de relieve que “las principales dificultades residen en la insuficiencia de los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, particularmente en los casos en los que se presentan recursos contra los acuerdos de proclamación de candidaturas, así como en los problemas derivados del funcionamiento de los servicios postales de otros Estados”.
La respuesta, sin embargo, señala que ambas circunstancias son ajenas a las competencias de la Junta Electoral Central que, de este modo, se declara incapaz de poder intervenir para resolver el problema. De hecho, el plazo para que los residentes en el exterior soliciten el voto se cerró el pasado 25 de abril.
Las dificultades se remontan a la reforma electoral de 2010, cuando se introdujo el llamado sistema del “voto rogado” que obliga expresamente a solicitar el voto a los residentes en el exterior. Desde entonces, según la denuncia de IU, interpuesta por el diputado Gaspar Llamazares y el secretario de Organización de IU, Adolfo Barrena, la tramitación ha sido caótica, con diferencias de criterio entre consulados y embajadas, fax y plataformas telemáticas saturadas y una ceremonia de la confusión sobre los trámites a seguir, que amenaza con limitar en la práctica un derecho democrático. De hecho, según Llamazares, el ejemplo es que en las anteriores elecciones europeas sólo votó un 2% del censo de residentes en el exterior, diez veces menos de los que votaron en la anterior cita con las urnas, antes del cambio del sistema.
Durante la presentación de su denuncia ante la Junta Electoral Central, IU reprochó a PP y PSOE su desidia a la hora de solucionar este asunto porque “prefieren mirar a otro lado, ante el temor de que gran parte del voto de quienes han emigrado huyendo de la crisis sea un voto crítico con el bipartidismo”.
