El juez comienza el embargo a los acusados de Nóos

Palma de Mallorca

El juez del caso Nóos ha empezado el proceso para ejecutar las fianzas civiles que pesan sobre los acusados en el caso Nóos. José Castro pide a los implicados que entreguen en un plazo de tres días un listado de los bienes a embargar. El juez ha pedido la lista a once implicados y ha comenzado el embargo sobre Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, que ya tenían abierta una pieza de resposabilidad civil.

Las fianzas impuestas en el caso suman 61 millones de euros y que sólo dos acusados de los las abonaron. Se trata de la exconsejera delegada de la candidatura olímpica de Madrid 2016, Mercedes Coghen, que abonó los 152.000 euros solicitados por el juez y de José Luis Ballester, exdirector general de Deportes, que ingresó 52.000 euros, parte de los tres millones y medio que debe abonar junto al expresident balear, Jaume Matas y otro exalto cargo. La infanta Cristina también ingresó 587.000 euros, aunque el juez le ha requerido 2.700.000 euros.

Meidante trece autos, el juez ha abierto una pieza de responsabilidad civil para los afectados, excepto para Urdangarin y Torres que ya la tenían abierta. Dos de los acusados, los contables de Nóos Miguel Tejeiro y Marco Antonio Tejeiro, ya han aportado un listado de sus bienes. Entre ambos suman fianza por más de 14 millones de euros.

Los otros once acusados tienen tres días para presentar el listado. El embargo más alto, de 14 millones, será para Iñaki Urdangarin, mientras que su exsocio y la mujer de éste serán embargados por casi 16 millones de euros.

Urdangarin y la Audiencia Nacional

El juez sigue a la espera de que el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, presente su escrito de defensa para dar traslado del caso a la Audiencia Provincial, que será la encargada de juzgarlo.

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, descarga en la administración pública las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto Nóos. En su escrito de defensa, defiende que no tuvo margen negociador con las administraciones implicadas, de las que cobró más de seis millones de euros por la organización de varios foros sobre turismo y deporte.

Afirma que son las administraciones las que disfrutan de un poder ajeno a los particulares, que le permite redactar los contratos de forma unilateral. "Es la administración la que decide cuando, como, por qué y con quien contrata" reza el escrito, que insiste en que son los servicios jurídicos de la administración los que tienen que encargarse de "verificar la adecuación y precisión en el cumplimiento de lo pactado".

En el escrito niega indicios de un supesto ánimo de defraudar o la existencia de un concierto preivo con la Admnistración "o cualquier actividad ilegal". Apunta que los hechos impuestados solo podrían constituir, en el peor de los casos, "simples irregularidades administrativas".

En su escrito, el duque también afirma que, en las cuestiones previas del juicio para el que todavía no hay fecha, pedirá que sea la Audiencia Nacional la que juzgue el caso y no la Audiencia Provincial de Baleares, que lo va a juzgar.