La Fiscalía pide penas para los dirigentes del PSOE y CPM por el caso del voto por correo en Melilla
Los hechos se remontan a las elecciones del 2008
Una ciudadana realiza el voto por correo para las elecciones vascas de 2004 / EFE / ARCHIVO
Ya se conoce la acusación de la fiscalía en el llamado “caso del voto por correo” del año 2008. Ambas formaciones acudían en coalición en las elecciones generales del 2008 y según el Auto del juzgado prometieron dádivas y puestos de trabajo en los planes de empleo de la Delegación del Gobierno a cambio de obtener su voto. Más tarde se enviaron de forma masiva cartas a estos ciudadanos, cartas falsas del Servicio Público de Empleo, confirmando la selección para ocupar uno de los puestos de trabajo de los planes de empleo que comenzarían de forma inminente tras las elecciones
La calificación fiscal solicita para el exsecretario del Partido Socialista de Melilla, Dionisio Muñoz y para el actual Presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, delito electoral continuado penado en los art. 146-140-139 de la LOREG ,delito de falsedad, prevaricación, malversación de caudales públicos, y delito de asociación ilícita. En total suman 27 años de cárcel y 50 años de inhabilitación.
Para el que fuera delegado del Gobierno del Partido Socialista y portavoz en la Asamblea de Melilla, Gregorio Escobar, la Fiscalía solicita nueve años de cárcel y 20 de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, y prevaricación.
En la misma línea de delitos se encuentran el director provincial de Correos, Juan Jose Redondo, el que fuera director provincial del INEM, Joaquín Arana, la hija y la esposa de Mustafa Aberchán, la que fuera directora del CETI, Rabea Aomar, y varios dirigentes de la ejecutiva de ambos partidos. Hasta 30 personas, que habrían formado parte de la trama del “voto por correo”.
Ante los incidentes de estos días en campaña electoral, con las anomalías en las oficinas de correos, los partidos políticos como el PP pedían que se conocieran ya las calificaciones de la Fiscalía para que no se volviera a actuar con impunidad "al ver diversos dirigentes que pueden obrar con total impunidad", según comentaba el presidente Imbroda.
Antecedentes
Los hechos se remontan a las elecciones del 2008, año en el que en coalición Partido Socialista y Coalición por Melilla acuden a las elecciones generales. Tras una denuncia del Partido Popular se incoaron en el juzgado diligencias previas para el descubrimiento e investigación de un supuesto delito electoral, ampliado posteriormente contra la Administración Pública.
La denuncia surge a partir de que se conoce la remisión en masa a cientos de ciudadanos de unas cartas falsas relacionadas con el Servicio Público de Empleo y la inminente puesta en marcha de los planes de empleo.
Según el auto del juzgado, la investigación pone de manifiesto "indiciariamente" la existencia de un entramado formado por diversas personas que pretendían la obtención ilegitima de votos a favor de la coalición PSOE CPM. La solicitud del voto se hacía "mediante dádivas promesas o remuneraciones directas, consistentes en la promesa de un puesto de trabajo en los planes de empleo dependientes de la Delegación del Gobierno". Por lo tanto con su voto debían apoyar la candidatura del Partido Socialista para asegurar un delegado del gobierno de esa formación que controlase más tarde la selección de admitidos para dichos trabajos.
El auto desvela que la emisión de cartas falsas querrían alcanzar el efecto llamada confirmando las promesas realizadas al "objeto de otorgar preferencia a las personas que votaron a dicha coalición o a quienes prestaron servicio para la misma”.
Mientras todo este proceso se producía, desde la sede de PSOE y CPM "supuestamente se procedió a la emisión masiva de cartas falsas", que constaban eran remitidas por la Unidad de promoción y Desarrollo de la Delegación del Gobierno, a multitud de ciudadanos que habían realizado el voto por correspondencia, así como a otros que no lo habían realizado, en las que se indicaban que habían sido preseleccionados para formar parte de los planes de empleo, emplazándoles en un lugar concreto a los pocos días de la jornada electoral". Según el auto, fueron muchas personas las que se creyeron esta misiva y entregaron su sobre procedente del INE-Oficina del censo electoral a los partidos políticos.
Los dos altos cargos del Ministerio de Trabajo debían autorizar la subvención de los planes de empleo y la autorización de la contratación directa por parte de la Delegación del Gobierno, lo que hicieron supuestamente desde Madrid los dos subdirectores generales también imputados, aplicando una legislación derogada.
Para poder seguir contratando de forma directa a esas personas, según el auto, el que ya era delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, "llevaba la voz cantante" para poder adjudicar se inventaron unos grupos de exclusión social supuestamente tutelados por el SPEE con la finalidad de que tuviera que ser dicho organismo quien propusiera a los candidatos a los puestos de trabajo.
A los trabajadores que tenían en la lista "se les cambiaron los códigos ocupacionales para que fueran seleccionados de forma automática" por el programa de contratación.
La imputación del delito de asociación ilícita, se basaba, según el auto, en que el Secretario General del Partido Socialista en Melilla, Dionisio Muñoz, y su socio, Mustafa Aberchán, presidente de Coalición por Melilla, parten de una idea preconcebida para llevar a cabo un entramado orientado a "la planificación, coordinación, y elaboración de un método ilícito consistente en el llamamiento masivo al 'voto por correo' que tras seguir las directrices que personal de dichos partidos darían a los solicitantes aumentaría el número de votos obtenidos por dicha coalición en los comicios generales.
El siguiente paso, según el auto, fue realizar una campaña para hacer llegar a la población la información de que si votaban por correo en los comicios generales de marzo del 2008 a la coalición PSOE-CPM serían beneficiarios de un puesto de trabajo en los planes de empleo públicos dependientes de la Delegación del Gobierno de Melilla. Esta información fue dada a través de los "cabezas de barrio" y por el boca a boca.
Para ello, debían desplazarse a las sedes de ambos partidos políticos, (que están situadas en la misma planta del mismo edificio, Coalición por Melilla y juventudes Socialistas), para realizar los trámites del voto por correo. Allí les informaban que debían desplazarse hasta la oficina de correos y solicitar el voto por correspondencia, previamente relleno en algunas de las sedes y posteriormente volver a dichas sedes con el resguardo de la solicitud. En ese momento eran inscritos en un listado preliminar.
Hubo ciudadanos a los que se les informó que una vez que les llegara el sobre marrón del INE-Oficina Censo Electoral, tendrían que volver nuevamente a la sede del partido a través del que habían hecho la solicitud del voto por correspondencia, para hacer entrega del sobre. A otros se les indicaba que pasarían militantes de dichos partidos por sus domicilios para recogérselos. Estos sobres entregados en dichos partidos políticos, eran supuestamente abiertos y en ellos se introducía la papeleta correspondiente a PSOE-CPM, desechando el resto, para su posterior entrega a la oficina de correos. A partir de ahí se elaboraba una lista definitiva de las personas que habían realizado el voto por correo, "siendo al parecer estas personas prioritarias en la adjudicación de un puesto de trabajo en los planes de empleo".
La participación del Director Provincial de Correos, supuestamente consistía en "desviar de su trámite legal los sobres del INE-OCE una vez que estos llegaban a la oficina de correos para reparto a los que lo habían solicitado, y se los entregaba directamente a Abderrahim Sellam, responsable de campaña.
Ya preparados los sobres, estos eran entregados de forma masiva en la oficina de correos, los cuales eran introducidos nuevamente en su curso legal hasta la llegada a las urnas el día de las elecciones.
