El PP nacional contrató a la principal empresa sospechosa de la Púnica

Madrid

La sede nacional del Partido Popular, ubicada en el número 13 de la madrileña calle Génova, mantuvo contratada a la empresa Cofely, una de las principales sospechosas de la Operación Púnica, al menos desde septiembre de 2013 y hasta finales de octubre de 2014, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ordenó las detenciones de los líderes de la trama, Francisco Granados y David Marjaliza, y de los directivos de esta sociedad, por el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones valoradas en más de 160 millones de euros.

Según confirman fuentes de Cofely a la Cadena SER, el contrato con el PP nacional era de "mantenimiento de las instalaciones en régimen de asistencia técnica", por "una cuantía", sostienen desde la empresa, "inferior a los 10.000 euros anuales". El contrato, reconocen desde Cofely, fue "rescindido por el cliente", es decir, el Partido Popular, a raíz de que estallara el escándalo.

Desde el PP admiten el contrato, que según dicen, fue de unos “8.000 euros” por un año. Sostienen que nadie aconsejó su contratación, sino que Cofely fue empleada porque era “muy conocida” para labores de mantenimiento. La formación conservadora también corrobora que rescindieron el contrato “inmediatamente” después de que reventara la operación Púnica, el 27 de octubre de 2014.

Los investigadores creen que el supuesto entramado corrupto dirigido por el exsecretario general del PP en Madrid y consejero de Aguirre, Francisco Granados, se apoyó en Cofely para continuar con sus acciones delictivas cuando en 2008 estalló la burbuja inmobiliaria. Al acabarse el ladrillo, decidieron hacer negocio con la eficiencia energética en ayuntamientos y comunidades, y adjudicaron a esta filial del grupo francés GDF Suez contratos por más de 160 millones, supuestamente, a cambio de mordidas millonarias.

Según el sumario, los directivos de Cofely bajo sospecha y el 'conseguidor' Marjaliza redactaron facturas falsas para blanquear sus cohechos. En ocasiones, las mordidas ni siquiera salían de la propia empresa, sino que eran los mismos ayuntamientos saqueados quienes abonaban con dinero público el porcentaje pactado, para ser repartido después entre los políticos y funcionarios sobornados.