PP y PSOE acuerdan que el Constitucional tenga seis meses para juzgar un estatuto

Madrid

Seguramente sea el último acuerdo de la legislatura entre los partidos mayoritarios. PP y PSOE, que llevaban días negociando, han alcanzado este jueves un pacto en el Congreso para que el Tribunal Constitucional tenga un tiempo limitado para dictar sentencia sobre un estatuto de autonomía. Serán seis meses. El tribunal se dio más de tres años para limitar el Estatut de Catalunya con el desgaste político que aquello produjo. El acuerdo, que ha conocido la Cadena SER de fuentes parlamentarias, incluye también recuperar la figura del recurso previo. Es decir, los estatutos que se recurran se tendrán que juzgar antes de que los ciudadanos los voten en referéndum.

PP y PSOE están de acuerdo en recuperar el recurso previo para que no pueda volver a hablarse del "choque de legitimidades" del que se habló durante la tramitación del Estatut: una ley validada por el pueblo en referéndum que luego era corregida por un tribunal cuestionado. Los dos partidos -que se tiraban los trastos a la cabeza por la campaña electoral- esperaron a que pasaran las municipales y autonómicas para negociarlo y rechazaron las enmiendas de los grupos nacionalistas, contrarios a que un tribunal pueda corregir el estatuto que aprueba un parlamento autonómico. Tras ello se pusieron a negociar para cerrar un texto conjunto. Tenían diferentes puntos de vista, entre otras cosas, sobre si se debía acotar el tiempo que tienen los magistrados para que la cuestión no se eternice.

Al final, están de acuerdo en la filosofía que les lleva a recuperar el recurso previo, y también en limitar los plazos del Tribunal, aunque finalmente han presentado por separado en el Registro del Congreso dos enmiendas idénticas. Ahora parece ya lejana la polémica del Estatut, pero entonces fue uno de los asuntos centrales de la vida política. Incluso muchos ven en aquella sentencia y su tardanza el germen del llamado proceso sobernista catalán. A partir del momento en que se aprueben las enmiendas, el Tribunal deberá darle preferencia a los recursos que reciba sobre los estatutos autonómicos y tendrá que resolver en medio año.