Un exdiputado del PP tendrá que pagar 100.000 euros para evitar la cárcel
El juez Eloy Velasco da seis días al exdiputado en la Asamblea de Madrid y sucesor de Granados en la alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno, para pagar 100.000 euros o tendrá que ingresar en la cárcel por su vinculación con la trama corrupta
La red Púnica comandada por Francisco Granados y David Marjaliza es juzgada en la Audiencia Nacional.(EFE)
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha tomado declaración este viernes como imputado al exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid, José Miguel Moreno, por su posible implicación en la trama de adjudicaciones y contratos de imagen en las redes sociales a cambio de mordidas, y no ha salido bien parado de su comparecencia.
El magistrado ha acordado dejarle en libertad, pero antes del próximo 16 de julio tendrá que pagar 100.000 euros de fianza, tal y como ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, o ingresará en prisión. Además le ha sido retirado el pasaporte y tiene prohibido abandonar el territorio nacional.
El juez atribuye a Moreno delitos relacionados con la corrupción como malversación, cohecho y prevaricación. El diputado del PP hasta las pasadas elecciones fue quien sucedió a Francisco Granados en la alcaldía de Valdemoro, a partir de 2003, y supuestamente, continuó con sus prácticas delictivas, con adjudicaciones fraudulentas al supuesto conseguidor y colíder del entramado, David Marjaliza, también a la empresa Cofely y a Waiter Music, otra de las sociedades implicadas en la organización corrupta.
Moreno habría recibido regalos y mordidas a cambio de su 'trabajo' para la organización criminal.
Este exdiputado y exalcalde de Valdemoro resultó imputado en la última fase de la 'Operación Púnica' adelantada por la SER, en la que el magistrado también inculpó a su compañero en la Asamblea, Mario Utrilla, a los exconsejeros en Madrid, Lucía Figar y Salvador Victoria; y al exconsejero murciano, Juan Carlos Ruiz.
La red Púnica comandada por Francisco Granados y David Marjaliza que se estableció desde su epicentro en Valdemoro sobre todo en más de 40 municipios de Madrid, en esta comunidad y León, inició su actividad con el auge del sector inmobiliario en 2004, y con la crisis mutó a contratos de eficiencia energética y desarrollo informático con beneficios irregulares superiores a los 500 millones de euros, según los investigadores.
