Sanidad quiere que los ‘sin papeles’ paguen el 40% de las medicinas
La SER ha tenido acceso al borrador del documento elaborado por el Ministerio de Sanidad con los “criterios mínimos para la dispensación de la asistencia sanitaria a los extranjeros no autorizados como residentes”. Será el que analicen con las Comunidades el próximo 2 de septiembre
Madrid
Son los criterios mínimos que el Ministerio de Sanidad analizará con las Comunidades Autónomas para su posterior debate en la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del próximo 2 de septiembre.
Documento al que ha tenido acceso la Cadena SER.
Se trata de un borrador de cinco páginas, donde se recoge el 'Acuerdo para prestación al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre criterios mínimos para la dispensación de Asistencia Sanitaria a Extranejeros no registrados como residentes, con residencia efectiva y sin recursos económicos'.
En este documento al que ha tenido acceso la Cadena SER, el Ministerio de Sanidad especifica que los inmigrantes sin papeles "tendrán acceso a la cartera común básica de servicios y también a la prestación farmacéutica en las mismas condiciones que el resto de los españoles".
De hecho, Sanidad ha fijado que estas personas deberán pagar el 40% del precio de las medicinas. En el caso de que requieran "asistencia especializada y/u hospitalaria", dice el borrador, "el tratamiento farmacológico que se precise durante el ingreso formará parte del mismo y se facilitará en todos los casos".
En el ámbito de la atención primaria, aclaran, "también se incluye la realización de métodos diagnósticos, preventivos y terapéuticos de las enfermedades según pauta establecida por el médico de atención primaria". Pero el Ministerio de Sanidad apela a que los profesionales hagan un "uso racional de los recursos de diagnóstico y terapéutico".
Requisitos
El departamento de Alfonso Alonso detalla cuáles serán los siete requisitos para que los inmigrantes irregulares consigan este documento de asistencia sanitaria.
El primero, "ser extranjero mayor de edad".
También proponen que los inmigrantes irregulares verifiquen que han estado empadronados de forma ininterrumpida. Pero también contemplan otra novedad, dan la posibilidad de que acrediten que tienen la residencia efectiva en un municipio con al menos un año de antigüedad. Incluso el Ministerio de Sanidad propone que se valore "si se suman los periodos de empadronamiento en Comunidades diferentes".
Sin recursos económicos
Otro de los requisitos que exigirá el Gobierno es que estas personas demuestren que "no disponen de recursos económicos suficientes", pero este baremo, dicen el Ministerio, deberá marcarlo cada Comunidad.
El documento, tal y como estaba previsto, "tiene validez de un año, renovable por periodos anuales y en los plazos y forma que decida cada Comunidad Autónoma".
El registro será la base de datos del SNS
También hay un apartado sobre el polémico registro, que se encontró con la oposición de una inmensa mayoría de Comunidades Autónomas "por segregar a los inmigrantes", tal y como denunció por ejemplo el Gobierno andaluz.
Según Sanidad estas personas se identificarán mediante la inclusión en la base de datos de la tarjeta Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, es decir, igual que el resto de los españoles, pero se les asignará el título de "no asegurado", por eso nunca se les dará una tarjeta sanitaria como al resto de los españoles.
El arraigo social, también computa
Para que los inmigrantes irregulares consigan la asistencia sanitaria deberán presentar cinco documentos.
- Documento identificativo
- Certificado de empadronamiento o similar
- Certificado de no disponer ingresos suficientes
- Declaración responsable de no tener cobertura por otra vía
- Documentos de que no pertenecen a ningún país con acuerdo bilateral).
Pero el Ministerio de Sanidad contempla la dificultad que supone para estas personas aportar estas pruebas, porque han llegado a España sin nada.
El ministerio propone que pueda haber un mediador o un trabajador social que "podrá emitir un informe acerca del arraigo social, circunstancias económicas y de residencia social", con ese informe podrán verificar la biografía social de estas personas "ante la imposibilidad de aportar la documentación exigida".
En el borrador, Sanidad detalla que se llevará a cabo una evaluación global cuando hayan pasado 2 años de la puesta en marcha de estas medidas, para ello se constituirá un grupo de trabajo, del Ministerio y las Comunidades.
Javier Bañuelos
Redactor Jefe en la Cadena SER responsable de la información sobre Interior y Defensa. Antes trabajé...
