Economia y negocios

El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la formación que hacen los empresarios

En un informe en estado de anteproyecto, el organismo detecta facturas infladas, cursos inadecuados y prácticas de asignación de costes dudosas

Imagen de la sede del Tribunal de Cuentas

Madrid

El Tribunal de Cuentas está examinando con detalle los cursos de formación que reciben los trabajadores, y no deja de encontrar irregularidades. Esta vez, en la llamada formación de demanda: la que hacen los empresarios a sus trabajadores a cuenta de la Seguridad Social. En un informe que todavía está en fase de anteproyecto, el organismo detecta malas prácticas en la forma de seleccionar, impartir y justificar los cursos.

El texto analiza un año en concreto, 2012, en el que se dedicó a la formación de demanda la cantidad de 560 millones de euros. Las empresas que quieren dar formación a sus trabajadores pueden bonificarse (dejar de pagar) determinadas cantidades de las que habitualmente ingresan a la Seguridad Social y con eso costear los cursos que reciben sus empleados, muchas veces preparados por las llamadas “entidades organizadoras” (empresas o centros a los que un grupo de compañías encomiendan sus necesidades de formación).

Formación inadecuada y facturas hinchadas

Entre las principales irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas destacan las siguientes: para empezar, que la formación que se hace es más la que conviene a las entidades que organizan la formación que la que interesa a los trabajadores. Esto, dice el Tribunal de Cuentas, hace que "la calidad de la formación no sea la adecuada" e "incumple el fin último" de la formación.

Otra mala práctica: facturas infladas. El Tribunal detecta que hay empresas que, de forma recurrente, se bonifican por encima de los umbrales previstos. En 2012, 1.064 empresas se pasaron en más de 1.000 euros, y 26 de ellas, más de 10.000 euros. El Ministerio de Empleo, dice el Tribunal, tendría que reclamarle a esas 26 empresas más de 1.100.000 euros. Esta práctica permite, dice el texto, que haya empresas que obtengan “una financiación gratuita” hasta que las pillan, porque cuando se detecta la irregularidad, con devolver el importe cobrado de más (sin multa ni recargo) arreglan su situación.

Contabilidad creativa y horas de más

La tercera de las malas prácticas: Hay empresas organizadoras que presentan sospechosamente pocos costes asociados (de organización) y muchos costes directos (de impartición) no justificados. El por qué de esta situación, dice el Tribunal, hay que buscarlo en que los costes asociados tienen un límite (no pueden sobrepasar el 25% de los costes directos), mientras que los costes directos no. Que el 48,38% de las actividades formativas analizadas no hayan incurrido en costes de organización alguno lleva a pensar, según el Tribunal, que se podría estar “generando una situación de riesgo incluyéndose estos costes asociados dentro de los costes directos, lo que provocaría que no operase el límite máximo establecido para la bonificación de los mismos”. En definitiva, una forma de cobrar más por hacer lo mismo.

Y por último, dice el tribunal, en formación a distancia y teleformación hay posibles irregularidades: la dificultad de medir las horas necesarias de formación bajo estas modalidades puede generar el riesgo de un "incremento indebido de las horas de duración" de los cursos "para incrementar el coste máximo bonificable", el dinero que uno se lleva a costa de la Seguridad Social.

Pocos controles

El Tribunal de Cuentas reprocha al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Seguridad Social falta de control. “El 68% de las actuaciones de control ‘en tiempo real’ desarrolladas en el ejercicio 2012 […] tuvieron como consecuencia, bien la imposibilidad de realizar dichas actuaciones o bien la confirmación de incidencias o desviaciones”, dice el texto. Hay por tanto muchos incumplimientos y pocos controles (la ley dice que han de hacerse sobre el 5% de los cursos), concluye el Tribunal de Cuentas: “el porcentaje de actuaciones de control […] se muestra claramente insuficiente”.

Además, los plazos de las actuaciones de seguimiento y control son demasiado largos, en opinión del organismo fiscalizador: dos años. Este retraso en la supervisión genera “un riesgo de posible prescripción del derecho a exigir” devoluciones del dinero mal empleado.

El anteproyecto está todavía en fase de alegaciones. Los organismos dependientes del Ministerio de Empleo ya han enviado las suyas. Cuando el Tribunal las examine, junto a las que manden las empresas fiscalizadas, estará en condiciones de aprobar el informe definitivo.

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