El PP ha logrado, con su mayoría absoluta, que su propuesta de reforma del Tribunal Constitucional (TC) haya pasado su primer examen en el Congreso tras un debate bronco que ha elevado la tensión entre el partido en el Gobierno y la oposición a pocos días de las elecciones catalanas del 27-S. La discusión sobre la toma en consideración de la reforma, que dará competencias al Constitucional para hacer cumplir sus sentencias y sancionar a los cargos públicos que las ignoren, se ha convertido en un duro cruce de acusaciones entre los populares y el resto de las fuerzas políticas. Frente a las críticas de la oposición, que ve en la reforma de la Ley Orgánica del alto trbiuanl una medida electoralista, un «pucherazo» y una «cacicada», el PP defiende la necesidad de cubrir las carencias que se han detectado en el tribunal en los últimos tiempos ante a un «movimiento independentista que busca destruir España». Con este argumento, el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha justificado la oportunidad de la medida, cuya toma en consideración se aprobado en el pleno por 183 votos a favor (PP, UPN y Foro Asturias) y 144 en contra, del resto de la oposición. Hernando ha arremetido contra la Generalitat de Cataluña por usar el «incumplimiento como respuesta, el desacato como conducta y la deslealtad como bandera». «Ya a nadie le va a salir gratis el desacato» a las sentencias del Constitucional , ha dicho Hernando en una clara advertencia al presidente catalán, Artur Mas, quien con esta reforma podría ser sancionado e incluso suspendido en sus funciones por el TC si no ejecuta sus resoluciones. El portavoz popular ha enfatizado que «se acabó envolverse en banderas o responsabilidades colectivas para de manera sibilina no afrontar las responsabilidades penales», y ha aprovechado para reprochar al PSOE su «equidistancia» en el debate soberanista. «Es muy difícil alcanzar un consenso con alguien que no sabe lo que quiere», ha afirmado tras censurar el apoyo de los socialistas a partidos como «los independentistas de la CUP» y advertirles de que ante el «desafío rupturista y la defensa de la nación española no caben ni medias tintas ni terceras vías». Tampoco ha ahorrado en críticas al Gobierno el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, quien ha avanzado que si su partido llega a la Moncloa derogará está reforma que, considera, solo agravará la crisis de Cataluña. «En este viaje y en este salto al vacío se van a meter solos, van a exacerbar la crisis de convivencia y se van a llevar por delante al Constitucional», ha avisado el portavoz del PSOE, que cree que «en la caldera de su beneficio electoral» el PP «ha quemado todos los puentes con Cataluña». Una acusación que han repetido los grupos nacionalistas, que han coincidido en que la reforma demuestra la incapacidad del Gobierno y del PP de dar respuesta a los graves problemas de Cataluña. Pere Macías (CDC) ha advertido al PP de que siempre sale «trasquilado» de sus decisiones sobre Cataluña y le ha pronosticado que fracasará el 27-S y en las elecciones generales; mientras Montserrat Surroca (CDC) ha recalcado que se trata de un grave error cuando el camino es el diálogo y la consulta. Desde la Izquierda Plural, el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha elevado también el tono al denunciar un «grave riesgo» para la democracia española y reclamar al Gobierno que permita «de una puñetera vez» un referéndum sobre el futuro de Cataluña y deje de utilizar las instituciones de forma «partidista» y «torticera». Tras él, Rosa Díez (UPyD), ha insistido en que la reforma es «chapucera» e «innecesaria» y en que el Gobierno tiene mecanismos para hacer cumplir la ley en Cataluña, pero le ha faltado «coraje». El portavoz de ERC, Joan Tardà, ha dicho al PP que no tienen «miedo» pese a una reforma que supondrá, ha afirmado, una «vuelta de tuerca» a la «maquinaria represiva» del Estado contra los independentistas catalanes. Y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha avisado al Ejecutivo de que ni por la imposición, ni la amenaza ni el miedo «se puede retener a nadie». Uno de los momentos más tensos del debate lo ha protagonizado el diputado Sabino Cuadra (Amaiur), quien -vestido con una camiseta adornada con una bandera estelada- ha acusado al PP de acometer un «pucherazo» y ha roto en la tribuna dos páginas de la Constitución, lo que le ha costado el toque de atención del presidente del Congreso, Jesús Posada. También el BNG, a través de la diputada Olaia Fernández, ha acusado al PP usar los recursos de la democracia para actuar contra ella; y Bixente Serrano, de Geroa Bai, ha denunciado que los populares tratan de «pescar votos» entre el nacionalismo español «más intransigente y anticatalán». «De un tiempo a esta parte el PP legisla a golpe de urna. Se le está poniendo cara de urna», ha bromeado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, al rechazar la reforma, que, cuando sea aprobada definitivamente en el Congreso, podrá estar en vigor antes de que finalice la legislatura.