Jueves, 15 de Abril de 2021

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El camino jurídico del 28-S

A la espera del resultado final del 27-S, uno y otro lado preparan sus estrategias jurídicas como si de una partida de ajedrez se tratara. Es necesario anticipar el mayor número posible de movimientos del adversario y tener tus respuestas preparadas

La coalición Junts pel Sí, en un acto de campaña.

La coalición Junts pel Sí, en un acto de campaña. / Mateos, Patricia (ACN)

El Gobierno sabe que la coalición soberanista, de hacerse con la mayoría absoluta, aprovechará cada vacío legal en el camino para impulsar su proceso hacia la independencia y colocar contra las cuerdas al gobierno central.

Así que es necesario contemplar todos los escenarios posibles, todas las herramientas legales disponibles para dar respuesta al desafío y todos los apoyos necesarios para cuando llegue el momento de la confrontación.

A cada paso, una respuesta medida

La coalición Juntos por el Sí ha diseñado su hoja de ruta hacia la independencia, a la que pone un plazo máximo de 18 meses. Y desde el primer minuto irán aprobando declaraciones -como la declaración solemne de comienzo del proceso de independencia, que emitirá el nuevo Parlament constituído- y actos administrativos concretos encaminados a crear “estructuras de estado” que permitan el ejercicio pleno de la soberanía.

En paralelo, y de forma inmediata, el gobierno que surgiera de una mayoría soberanista pretende abrir negociaciones con el ejecutivo central, con la Unión Europea y con la “comunidad internacional”.

Y si Madrid, dicen, se negara en redondo a abrir esa negociación -y hasta ahora Rajoy ha dejado muy clara su negativa al respecto- acelerarían la llamada DUI, la Declaración Unilateral de Independencia.

El Gobierno no se adelanta y quiere analizar cada uno de estos pasos: el contenido concreto de las declaraciones, el alcance real de las decisiones administrativas…No quiere echar gasolina al fuego y tomará la decisión de recurrir o no en función del alcance jurídico que observen en cada uno de estos pasos.

Si se deciden a recurrir, cuentan con el respaldo del principal partido de la oposición. Pedro Sánchez ya ha adelantado su voluntad de apoyar las acciones jurídicas del Gobierno. Desde el PSOE matizan: no se trata de respaldar al Gobierno sino de respaldar el estado de derecho. La ley debe cumplirse, pero no quieren que haya sobreactuaciones en la respuesta. Y un ejemplo claro de sobreactuación, para los socialistas, es la reciente reforma del Tribunal Constitucional que otorga capacidad ejecutiva a este órgano de garantías y para muchos expertos convierte en la práctica al TC en el “gendarme del Gobierno”.

El escenario más delicado

Pero en este juego de observar y anticipar los movimientos del contrario, hay un escenario que podría ser “la tormenta perfecta”: el día después de que se celebren elecciones generales, sean el 13 ó el 20 de diciembre, se abre un espacio de al menos 30 días llenos de incógnitas jurídicas y políticas y en el que muchos anticipan una situación del Estado de mucha debilidad.

Las Cortes estarán disueltas, el Gobierno se hallará en funciones, y es perfectamente posible que ningún partido tenga un horizonte claro de gobierno. El PP podría ser la primera fuerza pero verse obligado a construir una coalición que no será fácil. O el ganador puede ser el PSOE, que se vería cargado de legitimidad para cuestionar y fiscalizar las decisiones que adoptara un gobierno en funciones.

“Existe desde hace tiempo un debate sobre las capacidades morales de los gobiernos en funciones”, explica una fuente del Gobierno que ha estado en la cocina del análisis juridico del horizonte próximo. “Lo normal es tomar las decisiones que se consideran necesarias y consultarlas todas con la fuerza que se prepara para tomar las riendas”.

¿Qué ocurriría si el gobierno soberanista catalán mantuviera un perfil bajo hasta ese momento y se decidiera entonces a pisar el acelerador? ¿Qué pasaría si fuera en ese preciso momento cuando se pusiera sobre la mesa una declaración unilateral de independencia?

El gobierno de Rajoy ya ha anticipado que no le temblará el pulso si tiene que aplicar la ley. No descarta siquiera echar mano del “botón nuclear”, el artículo 155 de la Constitución. “A pesar de que se ha extendido la idea de que ese artículo supone la suspensión de una autonomía”, dicen fuentes del ejecutivo, “no es así, se trata únicamente de que el Gobierno asuma temporalmente competencias de un gobierno autónomo si éste se niega a obedecer la ley”. Pero lo cierto es que el 155 es territorio desconocido, y para muchos juristas una respuesta extrema que la democracia española nunca ha utilizado.

Requiere además una serie de condiciones muy precisas. La más importante, una mayoría absoluta del Senado. Pero en esta hipótesis extrema, que el Gobierno reconoce que ha contemplado, el Senado estaría disuelto. Quedaría en pie la Diputación Permanente, un grupo mínimo de senadores que asume las capacidades de la cámara para que no haya un vacío legal durante ese periodo. Existe sin embargo un debate jurídico sobre lo que la Diputación Permanente puede o no puede hacer, y si este organismo podría poner en marcha una decisión tan extrema como la aplicación del artículo 155.

La razón para reformar el Tribunal Constitucional

El partido socialista, que prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del TC, cree que el Gobierno ha diseñado esta reforma para cubrir el vacío que una situación extrema como la contemplada supondría. “El Gobierno”, dicen, “ni quiere ensuciarse las manos con el 155 ni tiene claro que pudiera aplicarse sin problemas con un Senado disuelto. Con la reforma legal, tapan ese hueco y le pasan el trabajo sucio al Tribunal Constitucional”.

El Gobierno niega oficialmente que la reforma responda a ese miedo a un escenario de vacío legal, pero dos fuentes conocedoras de los preparativos de respuesta, tanto dentro del ejecutivo como en el propio PP, han reconocido que los cabos están bien atados, y que al reforzar al TC y dotarle de capacidad ejecutiva se reducen notablemente las posibilidades de que el gobierno soberanista catalán intentara burlar la ley.

Nadie quiere anticipar al detalle las respuestas jurídicas estudiadas, pero desde el ejecutivo se admite sin empachos que, más allá de su propósito genérico de lograr por fin que se cumplan las resoluciones del TC, la reforma es un recurso extra ante lo que se pueda avecinar.

“Hasta ahora”, explican, “existía un Pacto de Lealtad. Las decisiones del Tribunal Constitucional se respetaban y se obedecían. Las obedeció Pujol, las obedeció González, las obedeció Aznar y las obedeció Zapatero. Ahora las cosas han cambiado. Es como si decides instalar en tu casa una alarma contra una posible previsión de extraterrestres. Nadie piensa que eso vaya a ocurrir. Ahora esa invasión extraterrestre es una posibilidad”.

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