Las víctimas de trata de mujeres, cada vez más jóvenes

Madrid

Existe consenso internacional en que la trata de mujeres con fines de explotación sexual es una de las formas más crueles de violencia de género. También hay consenso en que la magnitud de este problema está vinculado directamente con la prostitución porque ese es el principal destino del tráfico de mujeres.

La dificultad que tenemos en España es la falta de datos fiables. No existen estadísticas oficiales. Ahora mismo la información de la que disponemos proviene de dos fuentes: la Policía y las ONG. El último informe sobre la Trata elaborado por el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado señala que en España hay unas 45.000 mujeres en situación de prostitución. La inmensa mayoría son mujeres con graves problema económicos, por lo que según las ONG, no la ejercen de forma voluntaria. Este informe estima que los ingresos relacionados con la prostitución alcanzan en España unos 3.000 millones de euros anuales. Una actividad, por cierto, que no está ni prohibida ni legalizada, pero que la Unión Europea obliga a contabilizar dentro del PIB.

En las inspecciones de los burdeles, las Fuerzas de Seguridad detectaron en 2014 a cerca de 14.000 mujeres en situación de riesgo de trata y de explotación sexual. La mayoría rumanas en situación regular, pero también españolas, dominicanas, brasileñas, colombianas y paraguayas. Todas con plaza en locales de alterne oficialmente legales. Y un último dato muy preocupante: cada vez son más jóvenes, de los 23 a los 32 años. Las ONG alertan de que el 1% de las víctimas son menores de edad.

Legislación

Hay que aclarar antes de nada que el proxenetismo se despenalizó en 1995 en España. Una decisión que, según las expertas, ha provocado que seamos uno de los principales países de destino de las redes y mafias que explotan a mujeres y extorsionan a sus familias. Así que, por ejemplo, el dueño de un burdel no es un delincuente. El proxenetismo solo es delito si se emplea la violencia, la coacción o el engaño y únicamente está penada la explotación sexual en alguno de estos dos casos: cuando se abuse de la vulnerabilidad de la víctima o cuando se le impongan condiciones gravosas. Y evidentemente es delito la trata, es decir, la captación, el transporte y el traslado de personas recurriendo a la amenaza, la fuerza, la coacción, el engaño o a una situación de vulnerabilidad.

El Gobierno acaba de aprobar el nuevo Plan de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual con una vigencia hasta 2018. Uno de los principales objetivos es reducir la demanda, desincentivar el consumo de prostitución que, según el propio Gobierno, está aumentando entre los jóvenes.

Hay otras dos propuestas interesantes del Plan: el decomiso de los bienes y patrimonio de las redes se dedicará a la protección y atención a las víctimas, como se hizo con el narcotráfico; y el nuevo intento del Gobierno de negociar con los periódicos la autorregulación para que eliminen de sus páginas los anuncios de contactos. El plan está presupuestado en 104 millones de euros, pero la oposición denuncia que no hay ninguna partida específica ni en los presupuestos de este año ni en los del año que viene.

Además, las víctimas de la trata apenas denuncian a las redes y mafiosos y hay muy pocas condenas siendo la mitad absolutorias.