El Congreso autorizó que uno de cada tres diputados cobrara por actividades privadas

Madrid

Dice la ley electoral que un diputado lo es con dedicación absoluta, que su trabajo está en el Parlamento y por eso debe cobrar. Pero dice también la ley que consiente excepciones y que un parlamentario puede dedicarse a sus negocios si no cobra del sector público y si se lo permite el pleno del Congreso de los Diputados. Eso es lo que ha ocurrido en esta legislatura con 160 diputados, que obtuvieron la autorización para ejercer como abogados o consultores, para ser profesores a tiempo parcial o para participar en conferencias o tertulias remuneradas en los medios. Otros muchos diputados pidieron permiso para ejercer esas actividades o parecidas aunque declararon que no iban a cobrar por ellas y existen también alcaldes o concejales que cobraron indemnizaciones o dietas por sus funciones municipales aunque no un sueldo como tal.

La legislatura que acaba ha vuelto a encontrarse con los debates que el Congreso nunca ha sido capaz de cerrar: la opacidad de algunas de sus decisiones, la regulación de lobbies que siempre se aplaza o la incompatibilidad de los diputados, de la que se habló por los casos de Vicente Martínez Pujalte y Agustín Conde. El Congreso rechazó investigar a esos dos parlamentarios del PP -"no haremos de policías", llegó a decir Jesús Posada- y recordó que todas las actividades privadas habían sido aprobadas por la Cámara. El pleno, en efecto, las permite, aunque no controla si los diputados se dedican o no a la actividad que tienen declarada. Nadie preguntó si Pujalte cobraba por asesorar, verbalmente, a una constructora que trabajaba con la Administración.

En realidad, los permisos para percibir ingresos extra dependen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, un órgano que se reúne siempre a puerta cerrada y con muy pocos representantes políticos. En esta legislatura se ha reunido en 19 ocasiones y, por los datos que aparecen en la propia web del Congreso, ha aprobado 14 dictámenes. Ahí consta que, de los 437 políticos que han ocupado un escaño a lo largo de estos cuatro años, al menos 160 obtuvieron la autorización para percibir dinero al margen del que cobraban del Congreso. Son el 36% del total. Otros, aunque hubieran podido cobrar sin que la Cámara objetara, declararon que no obtendrían dinero por sus actividades particulares.

Los diputados tienen una asignación constitucional de 2.813 euros al mes, a la que suman la indemnización para sus gastos: 1.823 para los que sean de fuera de Madrid y 870 en el caso de los madrileños. Perciben, además, otros complementos si ocupan algún cargo como, por ejemplo, presidir una comisión o ejercer de portavoces en ellas. En paralelo, muchos diputados piden autorización para seguir con las actividades que desarrollaban antes de llegar a las Cortes. Algunos declaran dar conferencias o participar en medios sin cobrar por ello. Otros han recibido autorización para percibir más ingresos "sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público y sin poder incurrir en las actividades del artículo 159.2 de la LOREG ni menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias", según se lee, dictamen tras dictamen, en las resoluciones que ha ido aprobando el pleno.

“Un paripé”

En la Comisión del Estatuto de los Diputados, un letrado expone las peticiones de compatibilidades que llegan y lo habitual es que se autoricen la mayoría de las que se piden. Hace unos meses, uno de los diputados que forma parte de esta comisión reconocía: "Es un paripé. Te sientas, oyes la lista del letrado y a los pocos minutos te vas. No suele haber debate ni reuniones". Otro de los participantes se defendía: "No podemos sospechar de todos. Este es el procedimiento de otros países desarrollados, se cumple la ley porque se advierte a los diputados de que no pueden cobrar del sector público".