“La amenaza de desobediencia es un atentado contra España”

El informe del Consejo de Estado desvela que el gobierno tienen intención de que todos los implicados en esta deriva soberanista sean notificados personalmente por el Tribunal Constitucional. Con ello afianza la idea de que cualquiera que no lo cumpla incurrirá en un delito de desobediencia. En total se citaran a 21 personas. El dictamen del Consejo de Estado apoya esta iniciativa que lleva aparejada una prohibición expresa a la presidenta del Parlament; no puede admitir a trámite ningún acto encaminado a la «desconexión». Además, el gobierno pedirá al Constitucional que advierta expresamente a Artur Mas y a todo su gobierno que no pueden promover esta iniciativa o dictar normas para ella. El informe del consejo de Estado expresa lo que consideran ya una realidad que pude ser perseguible por la Fiscalía. Dicen que el acuerdo del lunes supone una voluntad de desobediencia o desacato a la Constitución. “La proyectada desobediencia de las decisiones del Tribunal Constitucional supone, más específicamente, un atentado a uno de los elementos básicos con que se configura el Estado social y democrático de Derecho en España, cual es el establecimiento de una garantía jurisdiccional específica y suprema de la vigencia y efectividad del orden constitucional, de lo cual es expresión el artículo 164 de la Constitución”. El Gobierno quiere que la suspensión sea notificada personalmente a todas las autoridades que han intervenido en este proceso desde la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pasando por Artur Mas, a todos los miembros de la mesa del Parlament, al Consejo de Gobierno, y a todos los consejeros del gobierno catalán. El Consejo de Estado ha tenido en cuenta que la decisión que refleja la resolución de crear un “estado catalán independiente” va en contra de la soberanía nacional, que reside en el “pueblo español”, tal como indica la Constitución. Por ello, el Consejo considera que el Parlamento catalán no solo está contraviniendo la Constitución sino que, además, está asumiendo una competencia que no le es propia. Así, apunta que la resolución es contraria a los artículos 1.2 y 2 de la Ley Fundamental. El dictamen también destaca el hecho de que la resolución advierta de su intención de desobedecer al Tribunal Constitucional lo que, a su entender, es expresión de una voluntad de desobediencia o desacato a la Constitución y comporta una conculcación “inmediata” del principio de primacía de la Constitución como norma fundamental. Por tanto, vulnera el artículo 9 que sostiene que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

“La amenaza de desobediencia es un atentado contra España”

Javier Álvarez

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