Alberto Garzón plantea la dación en pago retroactiva y la expropiación temporal a los bancos
El candidato de Izquierda Unida-Unidad Popular propone expropiar a los bancos el uso de las viviendas de familias sin recursos que hayan sido desahuciadas
Foto de archivo del candidato de IU-Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, durante una visita por las calles de Pamplona. / Ivan Aguinaga (EFE)
Madrid
"Asegurar la vivienda como un derecho básico y no como una mercancía para especular". Es el punto de partida del programa electoral en materia de vivienda que Alberto Garzón ha presentado frente a las puertas de la SAREB, en Madrid.
Parar los desahucios, plantear la dación en pago retroactiva y penalizaciones y expropiaciones temporales a los bancos de las viviendas fruto de desahucios. Son los tres ejes sobre los que pivotan las propuestas de Izquierda Unida-Unidad Popular que recogen las apuestas más audaces de la política de vivienda que IU planteó en su pacto con el PSOE en el Gobierno andaluz la pasada legislatura.
En ese sentido, Garzón propone penalizar a los bancos que mantengan viviendas vacías y regular "la expropiación del uso de aquellas viviendas de las que se haya desahuciado a familias en situación de vulnerabilidad".
También plantea la dación en pago con carácter retroactivo, de modo que se condonaría la deuda hipotecaria de aquellas personas que hubieran perdido sus casas víctimas de la burbuja inmobiliaria.
En cuanto a los desahucios, el compromiso de IU-Unidad Popular pasa por prohibirlos en las viviendas públicas e impedirlos en el mercado privado en el caso de las familias en riesgo de exclusión social. "La vivienda es y debe ser un derecho básico", dice Garzón, y así hay que reconocerlo cuando además hay más de tres millones de viviendas vacías en España". Para dar uso a ese parque de casas deshabitadas Garzón propone que sean adquiridas por el Estado para su posterior salida a alquiler social, para personas sin recursos.
Las propuestas también incluyen una moratoria en el pago de hipotecas para parados sin ingresos y la supresión de las cláusulas suelo tanto en las hipotecas ya en vigor como en las futuras.
Igualmente, se prohibirá que las viviendas públicas puedan venderse a sociedades mercantiles privadas o a "fondos buitre" y se plantea un parque público de viviendas en alquiler, con una renta que en ningún caso superaría el 20% de los ingresos de los inquilinos.
