Sábado, 06 de Junio de 2020

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La ofensiva de Alberto Garzón contra corruptos y tránsfugas

El programa electoral de IU plantea que los delitos de corrupción no prescriban y que por ley se obligue a los tránsfugas a devolver el escaño

El candidato de IU-Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, durante una rueda de prensa

El candidato de IU-Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, durante una rueda de prensa / Ivan Aguinaga (EFE)

45 medidas para combatir la corrupción y asegurar un comportamiento ético de los cargos públicos. La Cadena SER ha tenido acceso a la batería de propuestas en materia de regeneración política que Alberto Garzón presentará este martes en Madrid y que pasan por endurecer las penas contra corruptos y corruptores públicos y privados y combatir los delitos de corrupción sin fecha de caducidad, eliminando su prescripción legal.

Para lograrlo, IU plantea una ley integral anti-corrupción que, más allá de la decisión de cada partido, imponga medidas cautelares para el cese y abandono del cargo de los imputados por este motivo, además de ampliar a 30 años la inhabilitación para cargo público o de libre designación de quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos, y una ley expropiatoria de aquellos bienes adquiridos mediante prácticas corruptas.

Obligación legal de que el tránsfuga devuelva el escaño

En cuanto a la lucha contra el transfuguismo, IU reclama una ley que obligue al político desertor a devolver el escaño a la formación por la que fue elegido, al tiempo que se prohíbe contar con tránsfugas para la constitución de gobiernos locales o autonómicos, o que los desertores puedan formar grupo propio.

La batería de medidas de IU se dirigen también hacia la lucha contra el fraude fiscal y hacia la política urbanística, clave de bóveda de la mayor parte de las tramas de corrupción registradas en España.

Registro público de recalificaciones de suelo

En este sentido, IU exige que todos los alcaldes y concejales tengan obligación de presentar su declaración de bienes en un registro público y que a partir de un determinado importe o duración, todos los contratos públicos tengan que ser aprobados por el pleno y no por el equipo de gobierno en solitario. También plantea un registro público de operaciones de recalificaciones de suelo y un cuerpo de inspectores, ajenos a los ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los planeamientos urbanísticos y las plusvalías obtenidas.

Que los bancos respondan por el blanqueo de capitales

En materia fiscal, IU plantea un registro de tenedores de billetes de 500 euros, la investigación y persecución de los incrementos patrimoniales de personas físicas y jurídicas carentes de justificación en relación con los ingresos declarados, o que se establezca la responsabilidad económica subsidiaria de los bancos cuya colaboración sea precisa para realizar operaciones de blanqueo de capitales. La coalición también exige la prohibición de que las entidades bancarias españolas cuenten con filiales o sucursales en paraísos fiscales, y una policía fiscal dentro de la Agencia Tributaria bajo la dependencia de la Oficina nacional contra el fraude.

Limitación de salarios públicos y el fin de las puertas giratorias

En lo que respecta a los cargos electos, IU plantea limitar sus salarios de modo que su retribución no pueda superar a la del funcionario de más alto rango de la administración en la que ejercen.

Además, se propone endurecer el régimen de incompatibilidades de modo que en los tres años posteriores al cese, ningún cargo público pueda ejercer funciones o prestar servicios remunerados en empresas privadas cuya actividad guarde relación con los sectores en los que hubiera trabajado durante su etapa en la administración.

Revocación de cargos públicos

Izquierda Unida plantea también fórmulas de reproche ciudadano que impidan considerar el cargo electo como un cheque en blanco durante cuatro años. De este modo, propone que una vez transcurrida la mitad del mandato, se pueda plantear la revocación del presidente del Gobierno, los presidentes autonómicos, alcaldes, concejales o diputados si así lo demanda al menos un 20% de los electores de la circunscripción correspondiente. Una vez reunidas las firmas suficientes, se podría someter a votación popular la consiguiente “moción de censura ciudadana”.

Tope máximo de gasto para campañas electorales

Las propuestas que Alberto Garzón planteará para el 20D incluyen también ampliar la prohibición de las donaciones a las fundaciones de los partidos, establecer un tope máximo de gasto para las campañas electorales y un Código ético del cargo público, de obligado cumplimiento para todos los partidos políticos, por el cual se comprometen a poner en conocimiento de la justicia cualquier indicio de corrupción, asumir las responsabilidades políticas derivadas del mismo y solicitar la dimisión cautelar o separación de sus cargos de los inculpados por corrupción.

La coalición también quiere que se derogue la ley de Enjuiciamiento Criminal que reduce a seis meses, ampliable hasta 18 a petición del fiscal, los plazos para la instrucción de delitos de corrupción. IU considera inaudita esta restricción cuando, por ejemplo, una comisión rogatoria a Suiza tarda más de seis meses en resolverse.

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