El Gobierno da el 'OK' a la creación del registro central de delincuentes sexuales

Madrid

"A la hora de debatir, consejos necesita pocos". Como ya dijese el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para el equipo de gobierno la experiencia del presidente a la hora de enfrentarse a un debate está más que acreditada y no necesita ningún consejo de la propia Sáenz de Santamaría -que fue la representante del PP en el debate a cuatro del pasado lunes- para su afrontar su cara a cara con el líder socialista, Pedro Sánchez.

"Me colocan ustedes en situaciones complicadas y luego... ¡zasca!", comentaba poco después, al ser cuestionada sobre qué le recomendaría entonces al líder socialista para enfrentarse a Rajoy.  Lo que sí ha querido valorar la vicepresidenta, que ha evitado hablar de los resultados de las encuestas en la mesa del Consejo de Ministros, ha sido la conveniencia de que los candidatos a ocupar La Moncloa tras los comicios del 20-D debatan el televisión ante sus potenciales votantes.

"Los debates permiten a los ciudadanos ver a los candidatos cara a cara y valorar lo que han hecho y lo que ofrecen", afirmaba Soraya, que ya anticipándose a la pregunta de por qué no acudió entonces el presidente del Gobierno al debate con Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pedro Sánchez (PSOE) comentaba que "la agenda de Rajoy es pública y bastante intensa".

Tanto es así que, según publicada esta mañana el diario 'El País', Mariano Rajoy ha tenido que abandonar este viernes la reunión del Consejo de Ministros para asistir a la grabación de su entrevista en el programa 'Que Tiempo Tan Feliz', con María Teresa Campos, que se emitirá este fin de semana-.

Precisamente en ese Consejo de Ministros se ha dado luz verde a la creación de un registro central de delincuentes sexuales. Tras su entrada en vigor, los condenados por delitos sexuales no podrán trabajar con menores. Una medida que nace como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva legislación de protección a la infancia -la ley 26/2015 de protección de la infancia y la adolescencia- y que incluirá los datos identificativos y el perfil genético de las personas condenadas en firme por este tipo de delitos.

Este registro servirá como instrumento de control para que quienes hayan sido condenados por ese tipo de delitos no realicen actividades u oficios en las que estén en contacto con menores. El Gobierno, que tenía seis meses de plazo para poner en marcha este mecanismo, como ha reconocido el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, aunará así las condenas de violadores y pederastas y tendrá mecanismos de confidencialidad. Además de las sentencias, recogerá datos relativos a la identidad y perfil genético de las personas condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual: agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores.

Un listado que recogerá los datos del autor, pero no de la víctima de delitos sexuales. "El registro tendrá una serie de datos contra los autores de delitos sexuales, pero no incluirá los datos de identificación personal de la víctima. Si ha sido víctima un menor constará que es un menor, pero no sus datos de identificación", ha comentado Catalá, que también ha destacado la accesibilidad del mismo. "Será accesible directamente para jueces, tribunales, el ministerio fiscal, la policía judicial, protección de menores y para las autoridades de otros países que acrediten el interés legítimo para su consulta", ha reiterado el titular de Justicia.