Juicio a la negligencia por cinco muertes

Madrid

Tres años y medio después de la tragedia ocurrida el 1 de noviembre de 2012, el juicio por el caso Madrid Arena, que provocó la muerte de cinco jóvenes (Cristina Arce, Belén Langdon, Katia Esteban, Rocío Oña y María Teresa Alonso) se celebrara a partir de hoy y se prolongará varios meses. Están acusadas 15 personas, entre ellos el promotor y empresario Miguel Ángel Flores, el exjefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, y el exconcejal madrileño y médico Simón Viñals. La fiscalía solicita penas de cárcel de cuatro años para Flores, tres años para otros once acusados y dos años y medio de prisión para los dos médicos.

Se celebrara en la Audiencia Provincial de Madrid, en el edificio de Secciones Penales y será juzgado por los magistrados de la sección séptima de la Audiencia.

La vista oral se realizará, en principio, solo en sesiones de mañana, tres días a la semana (martes, miércoles y jueves) y su duración se calcula hasta finales del mes de mayo. Comenzará con las denominadas cuestiones previas, que son las alegaciones técnicas que los abogados quieren introducir en el juicio y por las pueden solicitar el archivo del caso para sus clientes por algún tipo de vulneración de derechos, la suspensión del juicio o cualquier otra cuestión de su interés.

Desde el inicio de la vista oral, los quince acusados deberán estar sentados en el banquillo, aunque el interrogatorio de los mismos presumiblemente será en días posteriores.

Según los cálculos del tribunal, se estima que el juicio quede visto para sentencia la última semana del mes mayo. No obstante, esta previsión de calendario puede extenderse o reducirse según las circunstancias procesales por las que transcurra el juicio. Las posibles modificaciones pueden surgir dada la complejidad del procedimiento a enjuiciar.

No están todos

La investigación se inició por el juez Eduardo López-Palop en el juzgado de instrucción nº 51 de Madrid (Procedimiento Abreviado 970/2015), que ha sentado en el banquillo a quince acusados por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y dieciséis delitos de lesiones, también por imprudencia grave, mientras que a los dos médicos se les imputan tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. El juez fijó también como responsables civiles directos a cuatro sociedades y cinco responsables subsidiarios: el Ayuntamiento de Madrid; la empresa Diviertt, organizadora del evento y de la que es principal accionista Miguel Ángel Flores; y las empresas de seguridad Seguriber y Kontrol 34.

Además del fiscal, hay siete acusaciones particulares y dos acusaciones populares (el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid y el sindicato Manos Limpias). Las penas que solicita la fiscalía oscilan entre los cuatro años para Flores, tres años para once acusados y dos años y medio de prisión para los dos médicos. Para Monteagudo, pide que se sobresea la causa, aunque las acusaciones reclaman tres años de cárcel.

Asimismo, el ministerio público solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta a cada una de las familias de las cinco fallecidas con cantidades que van de los 243.587 euros a los 338.490 euros en concepto de responsabilidad civil. Para los treinta lesionados, las cantidades se sitúan de los 259 euros a los 34.326 euros.

Guion básico del juicio

Según los datos del gabinete de prensa del TSJM, el número de testigos se aproxima a un centenar (tanto testigos presenciales de los hechos, familiares, efectivos de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado, personal médico, como testigos accidentales).

Durante el primer mes se han señalado sesiones hasta el 4 de febrero para la formulación de las cuestiones previas, la declaración de los quince acusados y el visionado de algunos documentos principales. En principio, los testigos no comenzarán a declarar hasta el día 9 de febrero. Como en todo juicio de naturaleza penal, tras la declaración de los acusados se realizarán las pruebas testificales (declaración de los testigos: familiares de las víctimas, asistentes a la macro-fiesta, policías…). Posteriormente, se conocerán las pruebas documentales (más vídeos y otros soportes documentales) y las pruebas periciales (informes médicos, forenses, documentación administrativa…). Por último, las partes personadas (fiscal y abogados) expondrán al tribunal sus conclusiones definitivas. La vista oral del juicio se cerrará con la denominada última palabra de los quince acusados, si la desean utilizar cada uno de ellos, ya que éste es un acto jurídicamente voluntario. Tras ello, el juicio quedará visto para sentencia.

Están acreditados más de 60 medios de comunicación y cerca de 200 profesionales cubrirán las sesiones del juicio.

Qué pasó

En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 se celebró una macro fiesta de Halloween, Thriller Music Park, en el pabellón Madrid Arena. En ella hubo un concierto de música electrónica y el plato fuerte de la noche era el DJ Steve Aoki. Poco después de las 3:30 de la madrugada se produjo un taponamiento en uno de los pasillos de evacuación de la pista y quedaron aplastadas varias personas, entre ellas las cinco fallecidas. La macrofiesta continuó hasta las 6:30, ya que la policía decidió no intervenir para evitar escenas de pánico o protestas que hubiesen devenido en una tragedia mayor.

Los 15 procesados

• Miguel Ángel Flores: máximo responsable de la empresa organizadora del evento, Diviertt. El fiscal considera que Flores, con "un claro ánimo de enriquecerse", vendió más entradas de las que permitía el aforo (un mínimo de 22.800 frente a 10.620 permitidas).
• Emilio Monteagudo: exjefe de la Policía Municipal. El juez dijo que la Policía no evitó el "botellón", sino que tuvo "una actitud contemplativa y muy alejada de sus obligaciones", pero para la fiscalía el botellón no tuvo nada que ver con los hechos.
• Santiago Rojo: director general y número dos de Diviertt. El fiscal afirma que el riesgo que suponía ya la venta "excesiva" de entradas fue incrementado cuando Flores, Del Amo, Morcillo y Rojo decidieron que entraran en el pabellón el mayor número de personas "en el menor tiempo posible". Cerró los accesos a los anillos superiores y concentró a los asistentes, que accedieron masivamente a la pista.
• Miguel Ángel Morcillo: jefe de personal y número tres de Diviertt. Tenía conocimiento de que las barras de bebidas bloqueaban las salidas y abrió vías de evacuación por la que entraron cientos de jóvenes que saturaron la pista.
• Rafael Pastor: director de departamento de seguridad de Madridec, empresa municipal que explotaba el pabellón. Presenció todos los fallos de seguridad y consintió que el evento continuara celebrándose. Dijo ante el juez que no tenía potestad para pararlo.
• Francisco del Amo: coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec. Manifestó al juez que, a pesar de que a las 4:20 horas Flores le informó de que había dos niñas muertas, se llegó al acuerdo de que siguiera la fiesta hasta las seis de la mañana.
• José Ruíz: técnico de operaciones de Madridec. No dio la voz de alarma ante la utilización de la salida de emergencia como entrada y no se dio cuenta de que había más personas del aforo permitido.
• Juan José París Nalda: coordinador jefe de Seguriber, compañía que se ocupaba de la seguridad exterior. Señaló ante el magistrado que, en un momento de la noche, Del Amo le dio la orden de que la requisa se agilizase y se hiciese más liviana.
• Raúl Monterde: coordinador jefe de Seguriber junto a París Nalda. Junto a su compañero, permitió que la gente entrara sin control.
• José Antonio Díaz: jefe de equipo de Seguriber. Tuvo un "lamentable" papel protagonista en la apertura del portón tras recibir la petición de Rojo y Del Amo, destaca el juez.
• Roberto Mateos: encargado del control de las cámaras del recinto. No estaba en su puesto de trabajo, en el cuarto, en torno a las 3:40 horas, cuando ocurrió la avalancha mortal.
• Carlos Manzanares: socio mayoritario de Kontrol 34, empresa encargada de la seguridad interior del recinto. Ordenó a sus empleados que cerraran vías de evacuación de la pista central y, aunque estuvo presente toda la noche, no ejerció control alguno sobre sus trabajadores durante la tragedia.
• Emilio Beillard: socio minoritario de Kontrol 34. No dio instrucciones a sus empleados para evitar la tragedia ni supervisó su trabajo. No les formó en situaciones de emergencias ni sobre cómo actuar en las salidas de evacuación.
• Simón Viñals: responsable del equipo médico contratado para el evento. El fiscal afirma que al atender a tres de las menores víctimas de los hechos ni él si su hijo "fueron capaces de reconocer que", al menos dos de ellas, estaban en parada cardiorrespiratoria y "enseguida diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas".
• Carlos Viñals: se encargó, junto a su padre, de la enfermería del pabellón. Según el fiscal, los dos faltaron "a las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria que tenían la obligación de conocer".