Sábado, 08 de Agosto de 2020

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PSOE y Ciudadanos acuerdan paralizar la LOMCE

Plantean un plazo de seis meses para alcanzar un pacto social y político que permita elaborar "un marco legal consensuado".

PSOE y Ciudadanos acuerdan paralizar la LOMCE

GETTY IMAGES

El pacto de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos prevé la paralización de la actual ley educativa, la LOMCE, "en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor". La norma no se ha implantado aún en 2º y 4º de la ESO y 2º de bachillerato.  El acuerdo también establece un plazo de 6 meses para conseguir un "marco legal consensuado" resultado de un Pacto Social y Político por la Educación. El documento no meciona expresamente la derogación de la Ley Wert como se recogía en el programa electoral del PSOE. La paralización de la ley tendría como consecuencia más inmediata la suspensión de  la `reválida´ de sexto de primaria, prevista para el próximo mes de mayo, y que deberían hacer casi medio millón de niños.

A los padres de la escuela pública - que han pedido insistentemente la derogación de la LOMCE - el acuerdo les parece "aceptable" ya que entiende que lleva implícito "el compromiso del PSOE de derogar la LOMCE", ha señalado Jesús Salido presidente de CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y madres del Alumnado). Entre los sindicatos de docentes hay más reticencias. La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras insiste en que la derogación de la LOMCE es imprescindible para llegar a un acuerdo en educación. "Es la condición sine qua non para poder construir un nuevo modelo educativo que se base en el consenso aunque entendemos que la paralización es el primer paso", ha subrayado su secretario general Francisco García. Además echan de menos una referencia explicita a que se reviertan los recortes educativos recogidos en el Real Decreto 14/2012: "Aquí faltaría la recuperación del empleo perdido en el sector educativo, los 32.000 profesores de la enseñanza pública, los 8.000 trabajadores de las universidades, los 6.000 empleados del Personal de Administración y Servicios (PAS), que garantizaban actuaciones que hacen posible la igualdad de oportunidades y la equidad. La atención, en definitiva, a los alumnos menos favorecidos", ha insistido García.

El pacto entre PSOE y Ciudadanos contempla también establecer la beca como un "derecho subjetivo" y la vuelta al sistema anterior con un presupuesto ampliable. También plantea establecer un nuevo marco de tasas universitarias que tenga en cuenta la renta del alumno, algo que tampoco convence a los sindicatos. "Nos parece un retroceso porque las tasas y precios públicos deben tener carácter universal. Lo que pediríamos es que se volviera a los niveles previos a la crisis. Abre un escenario que nos intranquiliza porque ese mismo argumento puede poner en cuestión la gratuidad de la enseñanza obligatoria", asegura García. CCOO considera fundamental reducir las diferencias de precio de las carreras entre CCAA, un aspecto que también contempla el acuerdo.

Luis Cereijo, Presidente de la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas (CREUP), cree que este tipo de medidas - el pago según el nivel de renta-  pueden ser positivas para conseguir el objetivo de un sistema universitario "libre de tasas", que ellos plantean, aunque cree que el acuerdo PSOE-CIUDANOS "debe ser mirado con lupa". "En función de los umbrales de renta que se establezcan y los precios que se marquen pueden generar más desigualdad", afirma. Tampoco les convence otro punto del acuerdo que habla de establecer un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas. La propuesta contempla ligar parte de la financiación universitaria a los resultados en investigación, la docencia o a la empleabilidad de los titulados. "Hay titulaciones como las humanidades que pueden verse perjudicadas", señala. Desde la CREUP si aplauden el impulso de "un programa específico para recuperar el alumnado que haya tenido que abandonar sus estudios universitarios" por culpa de la situación económica o por los cambios legislativos que prevé también el acuerdo. La universidad pública ha perdido más de 75.000 alumnos en los años de la crisis según datos oficiales.

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