Soraya: "El Gobierno está actuando con la debida lealtad al Parlamento"

La vicepresidenta ha respondido así a la carta que le dirigió el lunes el presidente del Congreso, Patxi López, en la que le pedía que aceptara que la Cámara baja pueda ejercer la labor de control sobre el Gobierno en funciones, para evitar un "conflicto institucional grave".

Pese a no tener la confianza de la nueva Cámara, surgida de las elecciones del 20-D, "el Gobierno está actuando con la debida lealtad al Parlamento", subraya Sáenz de Santamaría en su carta, en la que recuerda que ningún gobierno en funciones se ha sometido al control político". Y añade: "Este Gobierno está cumpliendo con las limitadas funciones que tiene atribuidas y atendiendo a un criterio que no es nuevo", ya que desde la entrada en vigor de la Constitución ningún ejecutivo en funciones se ha sometido al control parlamentario. Tampoco lo han hecho los gobiernos autonómicos en funciones, como los recientes casos en Andalucía y Cataluña, argumenta en su misiva.

Un precedente "inamovible" porque en una democracia parlamentaria la primera función del Congreso, una vez constituido, es proceder a la mayor brevedad posible a la investidura de un candidato a la Presidencia del Gobierno, algo que aún no ha ocurrido.

Eso es así, apostilla, para que el Parlamento pueda ejercer también sus plenas funciones constitucionales, que se encuentran limitadas precisamente porque no ha otorgado la confianza a un gobierno.

Según Sáenz de Santamaría, lo que plantean los grupos es un "control más intenso incluso que el que le correspondería al Gobierno que dispusiera de la confianza de la Cámara", y eso es "a todas luces incongruente" con los propios criterios del informe de la Secretaría General del Congreso, que otorga al control parlamentario un carácter singular, limitado y excepcional". Recalca así la vicepresidenta que no se trata de "una cuestión de voluntad del Gobierno, sino de estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico" y, sobre todo, de respeto al régimen de democracia parlamentaria que establece la Constitución.

La polémica comenzó la semana pasada, a raíz de la petición de los grupos de que compareciera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de la cumbre europea sobre refugiados, y se ha agravado en los últimos días con la respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, de que ningún miembro del Ejecutivo se sometería al control político. Incluía también al ministro de Defensa, Pedro Morenés, convocado para mañana en la comisión correspondiente del Congreso, y cuya ausencia ha sido confirmada por el Ejecutivo. El presidente del Congreso avisó de que la Cámara podría recurrir al Tribunal Constitucional ante lo que calificó como "rebeldía" del Gobierno.