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Lunes, 16 de Diciembre de 2019

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Dos directivos de Acuamed abandonan la cárcel tras pagar 300.000 euros

Se trata del jefe de proyectos en Valencia, Pablo Martín, y el responsable de contratación, Javier Pastor, que permanecían en prisión provisional por su relación con la trama desde que en enero pasado la Audiencia Nacional lanzó la operación

La Guardia Civil, durante el registro de la sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, por posibles irregularidades en su contratación /

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha dejado en libertad a dos de los cuatro cargos de la empresa pública Acuamed que permanecían en prisión desde el pasado mes de enero al abonar sus respectivas fianzas. Son el jefe de proyectos en Valencia, Pablo Martín, y el responsable de contratación, Javier Pastor.

Ambos han pagado 300.000 euros cada uno que reclamaba el juez Velasco para eludir la prisión provisional, donde se encontraban desde que en enero lanzó la operación Frontino. La semana pasada ya abandonó la cárcel el empresario de Altyum, Nicolás Steegmann, que abonó 600.000 euros a tocateja el mismo día que el juez fijó el pago de la garantía. Quedan en prisión los dos principales responsables, la directora de Construcción, Gabriela Mañueco, y el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, a quienes el juez pide 300.000 y 600.000 euros respectivamente para abandonar la cárcel.

La cúpula de la empresa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, amañaba concursos con grandes constructoras y exigía mordidas a cambio de los contratos en embalses, obras de abastecimiento o desaladoras, con el conocimiento de altos cargos de Agricultura. El anterior secretario de Estado, Federico Ramos de Armas, tuvo que dimitir cuando la SER reveló un correo electrónico que demostraba su implicación en los hechos.

FCC y Acciona estaban dispuestas a pagar más de la cuenta

Además de los responsables de la empresa pública, en esta causa también hay imputados cargos de las empresas privadas implicadas como FCC, Acciona y Pipeline. El día de su detención, la Fiscalía Anticorrupción pidió para cada uno de sus responsables un total de 600.000 euros como fianza para eludir la cárcel.

Según ha sabido la SER, el juez se encerró en su despacho para fijar la garantía y entendió que en el caso de los empresarios, debía ser muy inferior. Pero cuando aún no había comunicado el resultado, un funcionario llamó a su puerta y preguntó si los directivos de FCC y Acciona podían marcharse porque ambas sociedades habían anunciado que iban a pagar de inmediato los 600.000 euros reclamados por la Fiscalía.

Al final no tuvieron por qué realizar tamaño desembolso porque el juez había decidido que las fianzas a pagar por Miguel Jurado, presidente de la división de Construcción de FCC, y por Justo Vicente Pelegrini, director de infraestructuras en España de Acciona infraestructuras, no superase los 50.000 euros.

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