La exgerente del PP en Valencia se escuda en que “la financiación irregular no es un delito en sí misma”

Madrid

La exgerente del PP en la Comunitat Valenciana, acusada junto a otros dirigentes de Francisco Camps por la financiación ilegal del partido en el caso Gürtel, ha negado toda responsabilidad en los hechos. Sostiene que su labor era "meramente burocrática y administrativa" y arguye en cualquier caso que "la financiación irregular en sí misma no es constitutiva de delito".

Para realizar tal aseveración, Cristina Ibáñez afirma que para que exista delito debe cometerse en las campañas electorales y el autor debe ser el administrador general de la formación. Ella asevera que ese cargo lo ocuparon Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, y que la gerente regional solo era responsable de los actos celebrados fuera de campaña. Cristina Ibáñez dice que aunque esos actos también fueran financiados en negro, al exceder el periodo electoral no puede atribuírsele la autoría de un delito electoral o de financiación ilegal.

En este sentido, dentro de los actos del PP en Valencia financiados con 3,4 millones en negro en 2007 y 2008, la Fiscalía Anticorrupción distingue entre los celebrados en campaña, con un coste de 2.035.920,32 euros; y los organizados fuera del periodo de elecciones, pagados con 1.426.063,84 euros en b. A estos últimos se refiere la exgerente regional del PP para pedir su absolución.

Cristina Ibáñez no niega que haya existido financiación ilegal en el PP de Valencia. Manifiesta en su escrito que en la sede del PP “trabajaban muchas personas” con “capacidad política y para contratar”. “Si fuese cierta la existencia de esa dualidad contable y esa trama organizada, únicamente lo sabrían los ejecutores directos y beneficiados de ello”, dice la exgerente regional, quien añade que en cualquier caso, desconocía la existencia de una caja b.

Cristina Ibáñez alega en su defensa que se dedicaba a pagar lo que era “supervisado y autorizado” por el secretario general, Ricardo Costa, y subraya que ni siquiera aparecía en el organigrama de la campaña electoral de las autonómicas de 2007, que fue “confeccionado”, concede, por Vicente Rambla, otro de los principales acusados.

Anticorrupción pide siete años y nueve meses de cárcel para la exgerente regional del PP en Valencia, Cristina Ibáñez, por tres delitos electorales en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y por las generales de 2008; y por falsedad documental.