Las víctimas del Yak-42, esperanzadas ante el informe del Consejo de Estado sobre la contratación del avión

Madrid

Los familiares de los 62 militares españoles que perdieron la vida en el accidente del avión Yakolev 42 el 26 de mayo de 2003, hace ya 13 años, se muestran esperanzados con el informe que debe emitir el Consejo de Estado acerca de la responsabilidad administrativa por la contratación del aparato, ya que podría reabrir la investigación judicial en este sentido.

La Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 explicaron ayer en rueda de prensa en Madrid que el motivo por el que consideran que este informe puede suponer un "espaldarazo" a su causa es la serie de preguntas que el Consejo de Estado ha elevado al Ministerio de Defensa para poder elaborar su dictamen.

"Son cuatro preguntas que nos recuerdan a las que nosotros hicimos en 2003", ha señalado el abogado de la asociación, Leopoldo Gay. Preguntas que versan sobre los contratos tanto del vuelo en el que murieron los 62 militares como de los fletados anteriormente para ese mismo aparato, así como sobre las compensaciones que hasta ahora han recibido los familiares de las víctimas por parte del Estado y de los condenados por las identificaciones erróneas de 30 víctimas.

La investigación del accidente del Yak-42 por la vía contencioso-administrativa se paralizó una vez que se inició la vía penal en la Audiencia Nacional. Al cerrarse ésta sin resultado, se volvió a activar la primera, que ha desembocado en la petición de un informe al Consejo de Estado.

Se da la circunstancia de que este informe ha sido solicitado por el instructor del caso en el Ministerio de Defensa, ya que es el procedimiento habitual. Una vez que el departamento que ahora dirige Pedro Morenés ha respondido al órgano consultivo, éste emitirá su dictamen, aunque no tiene límite de tiempo y los familiares de las víctimas no saben cuándo ocurrirá.

No es vinculante y Defensa no tiene por qué suscribirlo

Sea cual sea la conclusión a la que llegue el Consejo de Estado sobre la contratación de los vuelos del Yak-42, su informe nunca será vinculante, por lo que el Ministerio de Defensa puede o no suscribirlo. En cualquier caso, para los familiares de los militares fallecidos supondría una "pequeña esperanza" que el dictamen confirmase fallos en la contratación para así intentar reabrir la investigación.

Para ellos, la mejor de las noticias sería que el ministerio aceptase esas conclusiones y aceptase, como responsable político de la "falta de control en todo el transporte de tropas" y, por tanto, de la tragedia, compensar a las víctimas.

Al cumplirse 13 años del accidente más grave que han sufrido las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz, los familiares han recibido compensaciones económicas por parte de la contratista alemana del aparato, Chapman Freeborn —6,2 millones de euros—; y de los tres militares condenados por los errores en las identificaciones —10.000 euros para cada familia afectada—.

De los tres condenados, ninguno queda ya en prisión. El general de Sanidad Vicente Navarro falleció en 2010 y los entonces capitantes médicos José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez fueron indultados pocos meses después de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Ahora son comandantes.

"Premiados con embajadas"

Pero lo que las familias también lamentan profundamente es que nadie haya asumido aún la responsabilidad política por la muerte de las 62 víctimas del Yak-42. Es más, han recordado que a las dos personas que ellos señalan directamente, el exministro de Defensa Federico Trillo y el exsecretario general de Política de Defensa Javier Jiménez-Ugarte, se les ha "premiado" con las embajadas de Reino Unido y Suecia, respectivamente.

"Son 13 años desde que Federico Trillo dijo que el Yak era un buen avión y que se habían identificado correctamente a nuestros familiares", ha lamentado el presidente de la asociación, Miguel Sencianes.

Ante esta situación, las familias quieren saber qué llevó al Gobierno a autorizar el contrato del avión para el traslado de los militares, que volvían de cumplir una misión de más de cuatro meses en Afganistán. La Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42 ha hablado este miércoles por primera vez de "corrupción" en esa contratación: "No consentimos que en España haya una víctima más de la corrupción".

"Si el Gobierno tiene un poco de vergüenza y sensatez, debería dar la cara y pedir perdón. Hasta ahora no lo han hecho", ha afirmado el vicepresidente de la asociación, Paco Cardona. "Hasta que no sepamos lo que ocurrió, se seguirá estrellando el Yak-42 todos los días", ha añadido Curra Ripollés, portavoz del colectivo.