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Sábado, 07 de Diciembre de 2019

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El exconsejero de Turismo murciano contrató con la Púnica para conseguir la presidencia del PP en Murcia

La UCO asegura que Juan Carlos Ruiz pagó con dinero público al cabecilla de la trama, Alejandro de Pedro, para disputar la presidencia del PP en Murcia y para hacer llegar a Génova "información favorable" sobre su persona

Correo electrónico intervenido por la Guardia Civil en el que un trabajador explica a Alejandro de Pedro el posicionamiento en redes sociales de Juan Carlos Ruiz y de Pedro Antonio Sánchez, cuando peleaban por el liderazgo del PP en Murcia. /

La Guardia Civil pone por escrito que el Instituto de Turismo de Murcia camufló la mejora de la imagen en redes sociales del exconsejero del ramo que tuvo que dimitir por esta investigación, Juan Carlos Ruiz, con un contrato para promocionar la Región en Reino Unido. Además, ese mismo contrato camuflaba la creación de un diario digital en Molina de Segura para mejorar la imagen del entonces alcalde de la localidad, Eduardo Contreras. Trabajos que la administración pública contrata con las empresas de uno de los cabecillas de la trama, Alejandro de Pedro.

Los agentes subrayan que en el momento de fraguarse ese contrato "la candidatura del PP a la presidencia de la Región de Murcia se encontraba en disputa pudiendo ser muy importante un buen posicionamiento y una buena reputación". De este modo, añade el informe, "no se trata de destacar el papel institucional del consejero sino de poner en valor su persona de cara a posicionarlo frente al electorado y al partido haciendo uso de procedimientos de contratación pública para financiar de manera encubierta con cargo a fondos públicos la creación de perfiles en redes sociales y la generación de usuarios ficticios". Es más, De Pedro ofrece "hacer llegar a la cúpula del Partido Popular información favorable de Juan Carlos Ruiz de cara a posicionarle como candidato a la presidencia".

La oposición de los técnicos

La trama Púnica no solo recurrió al Instituto de Turismo para sufragar estos trabajos. Las empresas de Alejandro de Pedro también llamaron a la puerta del Instituto de Fomento. En ambos casos se encontraron con reparos de los técnicos. En el área de turismo uno de ellos se preguntó en una llamada telefónica intervenida con la exdirectora general, María Dolores Martínez, cómo se iban a pagar "30.000 euros paraaaaa, para esto". El escollo se salvó incluyendo una campaña en medios controlados por el conseguidor De Pedro, a propuesta de la propia Martínez. En el área de fomento la firme oposición de un técnico que calificó de "absurdo" el trabajo propuesto hizo imposible que el contrato se firmara.

El procedimiento que se siguió para materializar el contrato también llama la atención de los investigadores. Dicen que "la mínima concurrencia que la ley de contratos establece se ve desvirtuada de manera fraudulenta mediante una concertación de Alejandro de Pedro con funcionarios y autoridades que priva a la administración de la ofreta más ventajosa con el consiguiente perjuicio patrimonial". Y es que es el propio De Pedro el que "presenta las tres ofertas que optan al contrato y el que redacta el documento de justificación del contrato, potestad reservada a la administración".

Por eso la UCO concluye que existen indicios racionales de que Ruiz, Contreras, Martínez, De Pedro y el resto de investigados que intervinieron en estas adjudicaciones hayan podido cometer los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude.

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