La luz puede subir de 6 a 60 euros al año

Madrid

La factura de la luz puede volver a subir a corto plazo. Entre 6 y 60 euros al año -impuestos incluidos- para un recibo medio, si el gobierno sigue el criterio técnico de la CNMC para fijar los pagos a las comercializadoras eléctricas.

Un auto del Tribunal Supremo emplaza al gobierno a establecer en este mes de junio los criterios para evaluar los costes de comercialización, y la Comisión de la Competencia estima que el coste para un recibo medio subirá entre un 1,2 y un 6,8%.

Actualmente la comercialización eléctrica pesa -en el precio de venta al pequeño consumidor que fija el gobierno- 4 euros al año por kilowatio de potencia contratada. Es así desde la reforma de la tarifa que entró en vigor en 2014.

Pero las eléctricas recurrieron esa decisión, con el argumento de que no se basa en un criterio objetivo. El Tribunal Supremo les dio la razón en una sentencia del pasado mes de noviembre, y ahora dice que este mes el Ministerio de Economía -del que dependen ahora las competencias de Energía- debe llevar al Consejo de Ministros la nueva metodología para fijar esos costes.

Un informe de la Comisión Nacional de la competencia estima que cubrir costes supondría no 4 sino 5,24 euros por kw. Seis euros más al año -con IVA- para un recibo medio.

Y si se incorporan otros costes, como los de captación de clientes, el impacto podría llegar casi al 7% en un recibo medio.

El gobierno -consultado por la Cadena Ser- no aclara sus planes. El experto en energía Jorge Morales estima que la parte alta de la horquilla planteada por la CNMC implicaría una subida de más de 60 euros anuales para un recibo medio.

"La Comisión le ha dicho al gobierno que tiene que cubrir los costes de comercialización, pero que sobre esos costes ha de poner unos márgenes. Según la decisión que tome el gobierno: qué costes de captación de clientes les atribuye, o qué margen pone a las compañías eléctricas, la subida será mayor o menor.

Morales teme además que la subida tenga carácter retroactivo, porque la sentencia del Supremo anuló la orden ministerial que fijó el precio vigente desde abril de 2014.