Una jueza de violencia de género no ve delito en llamar "mala zorra", "furcia", "hija de puta" y "sinvergüenza" a Carmela Silva
La presidenta de la Diputación de Pontevedra está indignada porque cree que la magistrada minimiza una forma de machismo
La jueza considera en su auto que este lenguaje soez es habitual entre cargos públicos
Madrid
Una jueza de Pontevedra, con competencia en materia de violencia de género, ha archivado la querella que Carmela Silva, la presidenta de la diputación provincial, presentó por injurias contra el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Moraña, Jorge Caldas, del Partido Popular, que le llamó "mala zorra" por haber suspendido unas subvenciones para un circuito de rally.
La magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra argumenta que no hay delito ni motivo para la sanción porque, según asegura, "mala zorra", "sinvergüenza", "menuda furcia" e "hija de puta" no son expresiones gravemente ofensivas y están dentro del derecho a la libertad de expresión.
El entonces concejal y portavoz de Igualdad del PP de Moraña tuvo que dimitir después de que se hicieran públicos sus insultos. El edil dio un me gusta a improperios aún más fuertes que escribió en Facebook otro militante del PP de la localidad contra el que también se dirigía la querella de Carmela Silva.
La jueza desoye incluso al Ministerio Fiscal, que sí veía delito en estas agresiones verbales difundidas en las redes sociales y que considera que no pueden ser amparadas por la libertad de expresión. En el auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la magistrada dice que el uso de esos insultos "no resulta inhabitual en la actualidad en las manifestaciones de los cargos públicos" y los disculpa porque cree que son fruto de la obcecación al conocer la decisión de la Diputación de denegar una subvención al rally. Carmela Silva está indignada porque cree que la jueza minimiza una forma de violencia machista. También le causa sorpresa que la magistrada que firma este auto tenga competencias en materia de violencia de género.
La Diputación de Pontevedra presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial porque considera que este tipo de conductas no puede quedar impunes y merecen una sanción.