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Martes, 17 de Septiembre de 2019

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El Tribunal de Cuentas detecta falta de control en la facturación de recetas de los funcionarios judiciales

La Mutualidad General de Justicia no hizo "ninguna revisión del importe que le facturaban las farmacias", dando por bueno el importe de las facturas "sin efectuar ningún tipo de comprobación"

Se trata de un informe de fiscalización, fechado el 22 de julio de este año, al que ha tenido acceso la Cadena SER, donde el Tribunal de Cuentas advierte que la mutua de los funcionarios judiciales, conocida como MUGEJU (Mutualidad General de Justicia) “no hizo un control adecuado sobre la facturación” de las recetas que pagan, cada año, a los diferentes colegios oficiales de Farmacia.

El Tribunal de Cuentas llega a esa conclusión tras varios meses de fiscalización. Todo está recogido en un exhaustivo informe donde se alerta que "MUGEJU no revisaba el importe que le imputan las distintas oficinas de farmacia". Es decir, "han estado dando por válido el importe que les pasaban, sin efectuar ningún tipo de comprobación".

Estamos hablando de más de 13 millones de euros en recetas facturadas, esa es la cantidad que cada año MUGEJU paga a las distintas oficinas farmacéuticas de España por las recetas (en 2014 había 95.037 mutualistas, entre titulares y beneficiarios).

Tribunal de Cuentas

En esta fiscalización, el Tribunal de Cuentas también ha comprobado que MUGEJU “no exigió a las farmacias un certificado de veracidad", es decir, un certificado que debería acreditar que las recetas escaneadas que les enviaban las farmacias se correspondían con las originales en papel. Para ejemplificar aún más esta falta de control, el Tribunal de Cuentas pone un caso muy concreto, el actual sistema de control no impide “que se facturen recetas de titulares fallecidos”, incluso se cita el caso de un titular que llevaba fallecido siete meses, y aun así, se siguieron facturando las recetas, y “no se tiene constancia de que MUGEJU iniciara el correspondiente expediente de reintegro por prestaciones indebidas”, según se detalla en este informe.

A raíz de todas estas lagunas, en sus recomendaciones finales, el Tribunal de Cuentas le dice a MUGEJU que “debería mejorar el control sobre la facturación recibida de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos”.

¿Qué dice MUGEJU?

Desde MUGEJU, mutualidad que depende directamente del Ministerio de Justicia, desmienten que haya algún tipo de descontrol en las facturas de las recetas que abonan cada año a los colegios farmacéuticos. “Estamos orgullosos de que el sistema de control es riguroso”, explica a la SER, la gerente de MUGEJU, Celima Gallego, que defiende que “hay una revisión exhaustiva de la factura informática que se nos remite por los diferentes colegios [farmacéuticos]”. Ese sistema permite que “en caso de que se detecte alguna anomalía, en cuanto al beneficiario, o al precio, no se abonan [las recetas facturadas]”, según la gerente de MUGEJU.

Además, insisten en que una vez al año, el Interventor Delegado del Ministerio de Hacienda, fiscaliza y controla aleatoriamente distintas oficinas de MUGEJU, cruzando los datos con las recetas que facturan, y "nunca han detectado algún tipo de desviación contable”.

En las alegaciones, que la Mutualidad General Judicial presentó ante el Tribunal de Cuentas, se dice que “está trabajando intensamente en estructurar formalmente instrucciones internas y manuales de actuación, sobre la base de los ya existentes y operativos en la actualidad y cuyos modelos fueron facilitados al Tribunal de Cuentas”.

Otras incidencias

El Tribunal de Cuentas ha detectado más situaciones anómalas, por ejemplo:

  • MUGEJU “no cumple con la normativa de contratación pública”, que obliga “a las Administraciones públicas a pagar en el plazo de 30 días desde la fecha en la que se acredite el derecho del acreedor”, y no es el caso, porque según esta fiscalización “la liquidación definitiva se efectúa a los 90 días”.
  • En el ejercicio fiscalizado “no existía una adecuada información sobre las recetas médicas retiradas por la empresa privada encargada de su destrucción”, esas facturas se destruyen a los siete meses de su envío, “lo que no ha permitido conocer y analizar la documentación destruida”.
  • La Mutualidad General Judicial “carecía, en el ejercicio 2014, de personal suficiente para llevar a cabo una adecuada gestión y control de las prestaciones farmacéuticas”
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Cadena SER

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