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Sábado, 21 de Septiembre de 2019

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La Junta Electoral vasca estudia la candidatura de Otegi

La Junta guipuzcoana no entrará en el fondo del asunto y se limitará a comprobar si hay una sentencia firme de inhabilitación contra el aspirante de la coalición soberanista, que como contempla la ley, es una de las causas de inelegibilidad para presentarse a los comicios

El candidato a lehendakari de EH Bildu, Arnaldo Otegi. / ()

Un vez que se proclamen las listas con los nombres de los candidatos, la Junta Electoral Provincial de Gipuzkoa, deberá decidir entre el 23 y 29 de agosto, si la candidatura de Otegi es viable o no. Este organismo está compuesto por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Guipuzkoa, María del Carmen Bildarraz Alzuri, Jone Unanue Arratibel y Felipe Peñalba Otaduy, y dos vocales no judiciales: la decana del Colegio de Abogados de este territorio, Lurdes Maiztegi, y el catedrático de Derecho Administrativo de la EHU-UPV, Iñaki Agirreazkuenaga.

Los abogados de la coalición están citados este miércoles a las 9.30 de la mañana en la sede de la Junta Electoral de Gipuzkoa. Allí, según fuentes citadas por Efe, se les transmitirá la decisión adoptada.

Si la Junta guipuzcoana decide que el aspirante de la coalición soberanista no puede presentarse, será su abogado, Iñigo Iruin, quien recurrirá la resolución, en el plazo de dos días ante el Juzgado de lo Contencioso de San Sebastián, que tendrá de plazo hasta el 2 de septiembre para resolver.

La decisión que finalmente adopte el Juzgado de lo Contencioso puede ser recurrida en amparo hasta el día 4 de septiembre ante el Tribunal Constitucional, que tendrá de plazo hasta las doce de la noche del día 7 de ese mes para determinar si Otegi puede concurrir o no a los comicios, ya que, el día 9 comenzará la campaña electoral.

Derechos constitucionales

Al tratarse de una cuestión que afecta a derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en concreto el relativo a la participación en la vida política en condiciones de igualdad, sus decisiones pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional para la libertad.

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