Tarjetas 'black', juicio a una corrupción transversal

Este lunes va a comenzar en la Audiencia Nacional el juicio sobre las llamadas tarjetas black de Caja Madrid. Según la Fiscalía, 83 directivos de la entidad (que tras la fusión de varias cajas pasó a llamarse Bankia) gastaron sin ningún control algo más de 12 millones de euros durante casi nueve años y medio. El dinero se utilizó desde en comidas y gasolina hasta en cuotas de gimnasio, lencería o gastos en locales de ocio nocturno. También se sacó mucho dinero en cajeros con ellas. Por pagar, se pagaron con esas tarjetas hasta obras de arte sacro y multas de tráfico. Y todo sucedía en una entidad en la que hubo que poner 23.000 millones de dinero público para evitar su quiebra. No estamos, ni mucho menos, ante el caso de presunta corrupción más grave de nuestro país, ni por el número de acusados, ni desde luego por la cuantía de lo supuestamente defraudado... pero sí es el más paradigmático de todos porque tiene una característica particular: es el único escándalo transversal. De esas tarjetas se beneficiaron miembros del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, del sindicato UGT, del sindicato CCOO, de la patronal CEOE, de varias patronales madrileñas. En contra de lo que pueda parecer, no se llamaban así porque estuvieran al margen de la contabilidad oficial de la entidad y fuera dinero negro, sino que fue el propio secretario general del consejo de administración de Caja Madrid quien las llamó así, Enrique de la Torre, que usó esta denominación en un correo electrónico que envió a otro directivo en el que le explicaba que las tarjetas eran «black a efectos fiscales» ¿Quería eso decir que estaban fuera del radar de Hacienda? ¿Eran gastos de representación o eran parte de la retribución de los consejeros? Este es el meollo de la cuestión. Esta disyuntiva va a resultar determinante en la causa. Las tarjetas para los consejeros empezaron a funcionar en Caja Madrid en 1988 según dijo al juez el propio Miguel Blesa, que presidió la entidad entre 1996 y 2010. Los gastos que están sometidos a escrutinio judicial en este causa son los realizados a partir del 1 de enero de 2003 porque es hasta donde puede llegar la mano de la Justicia. Los presuntos delitos que se pudieran haber cometido derivados de los gastos previos a esa fecha (que también los hubo) han prescrito. Aunque había tarjetas para los consejeros desde finales de los ochenta, la Fiscalía cree que fue bajo la presidencia de Miguel Blesa cuando su uso se desmadró. El propio Blesa contó al juez Fernando Andreu desde cuándo tuvo él tarjeta y para qué la podía usar. Sostiene el fiscal que Blesa, que había llegado a la cúpula de la entidad gracias a un compañero de oposición: un tal José María Aznar, encargó al entonces director general de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, la gestión de las tarjetas. Para asegurar la opacidad, se emitieron al margen del circuito ordinario de las tarjetas de empresa. Las black cards continuaron funcionando alegremente en 2010 con la llegada de Rodrigo Rato, quien contó al juez que a él le dieron dos. Las tarjetas black se cancelaron por fin en mayo de 2012 cuando José Ignacio Goirigolzarri tomó las riendas de la entidad, que por aquel entonces ya se llamaba Bankia. La explicación es que en 14 de los casos, el presunto delito que se pudiera haber cometido ha prescrito ya. Por otro lado, hay tres beneficiarios de esta práctica que han fallecido. Por eso el número de imputados se reduce de 83 a 66. Esto también afecta al dinero que se podrá recuperar porque de los algo más de 12 millones de euros presuntamente defraudados unos 900.000 fueron gastados por los fallecidos o el presunto delito derivado de su uso ha prescrito. Para esos 66 imputados, se piden desde 1 hasta 6 años cárcel por un delito continuado de apropiación indebida. La petición de cárcel varía en función del dinero gastado y el dinero devuelto, porque 12 de los acusados han devuelto todo lo que gastaron (entre ellos Rato y Sánchez Barcoj) y dos han devuelto sólo una pequeña parte. En total se han recuperado un millón 700.000 euros. Para quien se pide la pena más elevada es para Miguel Blesa, que se enfrenta a una petición de 6 años, seguido de Rodrigo Rato, para quien se piden cuatro y medio. Al margen del dinero que gastaron ellos se les hace responsables de haber autorizado todas las cantidades que gastaron los demás durante su mandato, de ahí que sea para quienes más cárcel se pide. Del PP, aparte de Rodrigo Rato, hay exdirigentes como Ricardo Romero de Tejada, Estanislao Rodríguez Ponga, José Manuel Fernández Norniella, Jesús Pedroche o Carmen Cafranga. Del PSOE también hay nombres conocidos como los de Antonio Romero, Pepe Acosta o Virgilio Zapatero. De Izquierda Unida, el nombre más destacado es el de José Antonio Moral Santín; y empresarios como Gerardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández y sindicalistas como José Ricardo Martínez o Rodolfo Benito. La casuística de los gastos es muy variada. Además, no todos los imputados utilizaron igual la tarjeta. Sin duda, el capítulo más sangrante, porque es el que único en el que resulta imposible determinar en qué se empleó el dinero, es el de la retirada de efectivo. Los imputados sacaron casi dos millones de euros de cajeros automáticos pero también se gastaron más de dos millones y medio en restaurantes, 1,7 millones en hoteles y viajes, medio millón en ropa, 150.000 en joyas y relojes, casi 100.000 en arreglos de coches o más de 50.000 en jugar al golf. Luego hay capítulos más particulares, como los 10.000 euros en arte sacro que se gastó el popular Jesús Pedroche, por ejemplo. Quien más dinero gastó con esas tarjetas fue el director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, que dispuso de 575.071 euros euros en 9 años y medio (5.089 euros al mes de media, durante 113 meses, desde enero de 2003 a mayo de 2012). Sánchez Barcoj fue la persona a la que, según la Fiscalía, Miguel Blesa encomendó la gestión de las tarjetas. Sacó más de 200.000 euros en efectivo y se gastó más de 5.000 en joyerías o cerca de 20.000 en jugar al golf. El segundo que más gastó fue José Antonio Moral Santín, que estaba en el consejo de administración de Caja Madrid en representación de Izquierda Unida. Gastó 456.522 euros en 9 años, de los cuales 370.000 fueron dinero en efectivo sacado de cajeros. Hay dos líneas de defensa entre los procesados. La mayoría, 51 de los 66 procesados, sostienen que esas tarjetas eran parte de su retribución y 15 de ellos dicen que no, que era una tarjeta para gastos de representación. Los que mantienen que era parte de su retribución son los que hicieron gastos más elevados y menos justificables. Por ejemplo, Sánchez Barcoj -que gastó 575.000 euros- dijo en su declaración ante el juez que esa tarjeta era un complemento retributivo, así que se lo podía gastar en lo que quisiera, aunque él mismo se complicó su defensa en el interrogatorio del fiscal. Esto es lo que decía el director financiero, pero el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, sostuvo que eran parte de la retribución pero no un complemento. Sin embargo, el secretario general del consejo de administración, Enrique de la Torre, dijo que la tarjeta ni era un complemento retributivo ni era retribución, era para gastos de representación, y añadió que así se lo comunicaba a quienes se la entregaba. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu fue demoledor con las explicaciones que dieron unos y otros sobre el por qué de la existencia de las tarjetas. Para los que sostienen que las tarjetas eran parte de su retribución, el juez da nada menos que siete razones por las que eso no es posible: Para los que sostienen que la tarjeta era para gastos de representación, el juez Andreu esgrime que hubo un consejero que la rechazó cuando se la ofrecieron, el único que lo hizo. Fue Francisco Servando Verdú Pons, nada menos que el consejero delegado de Bankia que nombró Rodrigo Rato. Verdú Pons le contó al juez que el propio Rato le ofreció en mano la tarjeta dentro de un sobre y le dijo que podía gastar hasta 75.000 euros anuales sin justificación y explicó así las razones por las que la rechazó. Los argumentos de Verdú Pons son un torpedo en la línea de flotación de todos los acusados. Así pues, medio centenar de acusados sostendrán que la tarjeta era una retribución, el resto mantendrá lo contrario, que era sólo para gastos de representación. Unos y otros se sentaron juntos durante años en los organos de gobierno y administración de la entidad pero el escándalo les ha separado hasta el punto de que todos están imputados por los mismos delitos pero utilizarán coartadas opuestas que se invalidan entre sí.

Tarjetas 'black', juicio a una corrupción transversal

Comienza el juicio sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid. Según la Fiscalía, 83 directivos de la entidad gastaron sin ningún control más de 12 millones de euros durante casi 9 años y medio

Miguel Á. Muñoz-Encinas