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Domingo, 08 de Diciembre de 2019

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Google reclama 100.000 euros a un niño de Torrevieja que quería ser 'youtuber'

El niño, de 12 años, abrió por error una cuenta de AdWords cuando intentaba crear un perfil en YouTube para colgar sus propios vídeos de música y obtener ingresos

Convertirse en youtuber le ha salido muy caro a un niño de 12 años, natural de Torrevieja, quien ha recibido una reclamación por parte de Google de 100.000 euros en concepto de publicidad de su página web.

Actualización: Google perdona los 100.000 euros al niño 'youtuber'

La compañía justifica la decisión en sus políticas de protección de menores y las restricciones de edad

El niño, con la ayuda de un amigo de 15 años, trataba de cobrar por los contenidos que iba a difundir a través de YouTube. No obstante, en lugar de activar la monetización de los vídeos, los dos jóvenes encargaban anuncios publicitándose ellos mismos en Internet. Por esa misma actividad, los usuarios deben pagar una cantidad monetaria que se eleva hasta los 100.000 euros.

La familia ha asegurado que todo se ha debido a causa de un error y por la facilidad con la que se pueden contratar servicios como AdWords a través de Internet. Para crear una cuenta en este servicio tan solo hace falta una cuenta de correo, una cuenta corriente y la página web que se pretende publicitar.

El niño quería comprar hasta una mansión con los beneficios de YouTube

En declaraciones al Diario La Información, la madre del pequeño explicó que el niño, que actualmente estudia en primero de la ESO, comenzó a contar que iban a comprar un montón de cosas con el dinero que estaban ganando en Internet, hasta una mansión: "No le hice mucho caso, pensé que era cosa de críos".

A principios del mes de agosto, la familia recibió cargos anómalos que estaban llegando desde Google Irlanda, sede de la empresa en Europa. Desde cargos de 50 euros hasta otros de 100, 150, 638 o 915 euros, pasando por los 1.500, hasta los 18.000 en una semana

El pasado lunes 26 de septiembre, la familia recibió un cargo de 78.000 euros, siendo este el desencadenante para que la familia haya tenido que acudir a un abogado para tratar de lograr la anulación de los cargos.

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