El gobierno envía a Bruselas un plan presupuestario que rebasa el déficit permitido por la Comisión Europea

Madrid

El gobierno acaba de cumplir 300 días en funciones y esta situación de interinidad le ha impedido presentar a tiempo en las Cortes los nuevos Presupuestos Generales para 2017. Por ello, y ante las exigencias de Bruselas sobre el control de las cuentas públicas, el ejecutivo aprobará hoy en el Consejo de Ministros un plan presupuestario para 2016 que incluye el mismo presupuesto que se aprobó para este año más una serie de proyecciones económicas.

El ejecutivo envía el presupuesto de este año 2016 con unas variables de ingresos y gastos para el año que viene teniendo en cuenta que el ejecutivo prevé un crecimiento económico del 2,3% el próximo año. Incluirá correcciones en la creación de empleo, en la evolución los tipos de interés y en el estado de las cuentas de la Seguridad Social. Además, el ejecutivo confía en que una mayor actividad económica le reportará mayores ingresos fiscales el año que viene.

Además, Luis de Guindos ha incluido en el documento que envía a Bruselas la contención del gasto de este año (ningún ministerio puede realizar ningún gasto noprevisto) y la reforma del impuesto de sociedades, que supone otro ingreso para las arcas públicas superior a 8.000 millones de euros.

El propio gobierno reconoce que no. El ejecutivo no aclara en cuánto sobrepasaremos la cifra de déficit público. Se está diciendo que puede ser en torno a medio punto de PIB, que serían unos 5.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones públicas, no solo la administración central. Además, como nos vamos a pasar este año con el permiso de Bruselas y vamos a llegar al 4,6% de déficit, la cifra total sería de unos 15.000 millones de euros. Es una cantidad que es más de la mitad de lo que nos gastamos al año en protección por desempleo.

Es una patata caliente que De Guindos le pasa al siguiente gobierno, quizá a sí mismo. El ejecutivo ha reconocido que se aprobarán "medidas adicionales" pero nadie menciona, de momento, la palabra recortes o modificaciones de impuestos como el IVA. Si hay un nuevo gobierno a principio de noviembre, la idea que hay en Moncloa es presentar el nuevo proyecto de presupuestos antes de que finalice el año. Aún no se sabe si el ejecutivo aprobaría antes un decreto ley de medidas económicas que se consideren necesarias

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Es una de las preguntas que está sin contestar De momento , el gobierno se puede amparar en la ley que regula desde 2013 la actualización de las pensiones que prevé subir como mínimo un 0,25% para el año que viene y es lo que, en principio, han barajado el partido y el gobierno en las últimas semanas. Eso significa que para una pensión de 1.000 euros al mes, la subida sería de 2,5 euros. Los sindicatos y toda la oposición en el Congreso, salvo el pp y Ciudadanos, han apoyado el miércoles en el registro del Congreso una proposición de ley pidiendo al ejecutivo que apruebe una subida mayor, del 1,2%, que es lo que está previsto que suban los precios. En cuanto a la subida del salario de los empleados públicos, lo último que ha mantenido el partido popular es que se subiría un 1% en el caso de que hubiera un nuevo gobierno. Aún así , para ambas cosas hay tiempo.

El cierre del grifo a cualquier gasto nuevo ya ha tenido consecuencias Por ejemplo, el ministerio del interior tuvo que pedir una excepción al consejo de Ministros para reponer los chalecos de policía y el de cultura ha tenido que justificar que se destine dinero para la dotación del premio Cervantes y los Premios Nacionales

Las comunidades autónomás están molestas con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, porque recibirán el mismo dinero que en 2016 a pesar de que el crecimiento económico de este año les aportaría más ingresos. Las comunidades llevan pidiendo desde hace varias semanas la cifra de las entregas a cuenta del sistema de fiannciación del 2017 y de las liquidaciones del sistema de 2015, porque estas cantidades les ayuda a calcular el 85% de los ingresos. La situación de ‘impasse’ político impide a los presidentes autonómicos conocer el margen de déficit que tendrán el año que viene para elaborar su propio presupuesto.