La fiscalía pide 27 años de cárcel para el responsable de la estafa en Fórum Filatélico

Madrid

La acusación se dirige contra 29 personas entre las que se incluyen: los 5 miembros del consejo de administración de Fórum Filatélico (FF) con su presidente Francisco Briones a la cabeza; el director general; el asesor jurídico y los auditores externos. La fiscalía solicita la mayor pena de prisión para el presidente de FF, un total de 27 años de prisión por 4 delitos, quien se sitúa al frente de toda la organización, de marcado carácter presidencialista.

El resto de acusados son personas vinculadas a la red de proveedores de Fórum o a operaciones de blanqueo realizadas por la sociedad. La acusación del Ministerio Fiscal se formula por los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales.

Fugado el número dos

La fiscalía destaca en su informe el procesado Carlos Llorca Rodríguez, uno de los máximos responsables de la red de Proveedores de FF, que controlaba los complejos circuitos financieros a través de los cuales se desvió al extranjero una gran parte de los fondos captados a los inversores, continúa rebelde y en busca y captura

Intervenida en 2006

La entidad fue intervenida judicialmente el 9 mayo de 2006 por el Juzgado Central de Instrucción n.º 5 inicialmente y a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, se presentó una querella tras la investigación desarrollada por la AEAT. Seguidamente se nombró un administrador judicial, que fue sustituido por una administración concursal, una vez que el 22 de junio de 2006 el Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Madrid declaró a FF en situación de concurso con un desfase patrimonial de -2.848 millones de euros.

Engaño continuo

El Ministerio Fiscal sostiene en su escrito que FF desplegó durante años una actividad de captación masiva de fondos del público a lo largo de todo el territorio nacional mediante la suscripción de unos contratos de inversión filatélica en los que ofrecía rentabilidades superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias.

FF afirmaba a sus clientes que los intereses que les pagaba derivaban de la revalorización de los sellos que asignaba a sus contratos, cuando en realidad los abonaba con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal que le obligaba a captar nuevos inversores permanentemente.

Valor en picado

Al tiempo de la intervención judicial, FF había captado a través de su extensa y agresiva red comercial más de 3.200 millones de euros de 269.000 inversores a través de 393.000 contratos. Sin embargo, FF carecía de patrimonio para devolver esas aportaciones, pues su mayor activo era la filatelia, que valoraba libremente a través de unas listas propias cuyos precios incrementaba sistemáticamente cada trimestre, cuando ese precio en los catálogos filatélicos era 11 veces menor y en el mercado real todavía mucho menor, si no nulo, dada la imposibilidad de colocar en dicho mercado los más de 121 millones de sellos depositados en sus instalaciones. De hecho, en la última época FF no fue capaz de encontrar ninguna entidad que se prestase a asegurar los sellos por el valor asignado en sus listas, por lo que su stock filatélico y el de los clientes se encontraba sin asegurar.

Gran parte de los fondos captados por FF se empleó en alimentar su propia maquinaria piramidal y en satisfacer las cuantiosas retribuciones de sus administradores y directivos y los crecientes gastos de su red comercial, mientras que el resto se destinó a una compleja red de sociedades extranjeras interpuestas al servicio del fraude que operaban como supuestos proveedores de filatelia.

La instrucción del procedimiento ha durado 10 años, se han enviado 115 comisiones rogatorias a jurisdicciones de 24 países y territorios, varias de ellas con resultado infructuoso.