Imputados tres exdiputados del PP por pagos supuestamente ficticios
Un juzgado de Madrid imputa a Vicente Martínez-Pujalte y Ana Torme por supuestamente cobrar dinero de varias empresas a cambio de servicios que no se prestaron
Vicente Martínez-Pujalte en una foto de archivo / EFE
Madrid
Un juzgado de la capital investiga si dos exdiputados nacionales del Partido Popular cobraron miles de euros de varias empresas por trabajos que nunca llegaron en realizar, entre ellas una entidad gestionada por otro diputado de la formación conservadora. Vicente Martínez-Pujalte, exdiputado, y Ana Torme, exdiputada y también exsenadora, han sido llamados a declarar el próximo 23 de noviembre por el juzgado número 49 de Madrid, junto con tres empresarios y el también exdiputado Alejandro Ballestero de Diego, en las semanas siguientes.
La investigación, según adelantó Infolibre, arrancó tras una denuncia de la Fiscalía de Valladolid que ha terminado instruyéndose en los juzgados de Plaza de Castilla: aseguraba que la sociedad Sirga XXI Consultores, participada por Martínez-Pujalte y Torme a partes iguales, recibió pagos de una quincena de empresas e instituciones públicas sin, en la mayoría de los casos, se prestase el servicio, se emitiesen facturas o ni siquiera existiese la empresa.
La Fiscalía de Valladolid puso en abril la lupa sobre un total de más de un millón de euros que habrían entrado en la empresa entre 2008 y 2014 desde quince empresas y organismos públicos. Pagos que, en muchos casos y según el Ministerio Público, se hicieron sin facturas ni contratos de por medio, y sin que el servicio real se llegase a prestar, lo que acreditaría "el carácter simulado en su integridad de las facturas cuyo importe ha percibido" la empresa que tuvieron a medias los dos exdiputados. Entiende en su denuncia que los pagos eran en realidad "a la condición de diputado y senadora" de ambos.
Empresas entre las que, según la denuncia, se encuentra Mind Talent Selection SL, cuyo administrador es Alejandro Ballestero de Diego, diputado entonces del Partido Popular, y también Marcenado Economistas SL, entidad de la que Ricardo Romero de Tejada, exsecretario del PP madrileño, poseía más de la mitad de las participaciones sociales. La Fiscalía también destacaba que varias empresas, como Laboratorios del Doctor Esteve SA, o la Confederación Regional Empresarial de Extremadura y las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, que habrían realizado estos pagos y que además recibieron diversas subvenciones en este periodo de tiempo.
Ha sido el juzgado de instrucción nº 49 de Madrid el que se ha hecho finalmente cargo de las investigaciones, llamando a declarar a Pujalte y a Torme el 23 de noviembre, a Alejandro Ballestero de Diego el 14 de diciembre y también en esos días a otros tres empresarios, entre ellos al que Pujalte terminó vendiendo la mitad de sus acciones. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la citación se lleva a cabo por un posible delito de falsificación de documentos mercantiles.
Según los datos obrantes en el Registro Mercantil, la sociedad Sirga XXI Consultores se disolvió en agosto de 2015. Varias de las empresas que también habrían realizado estos pagos, según la Fiscalía, serían las de Arístegui y Gómez de la Serna por, entre otras cosas, informes plagiados y sacados de internet.
